El Presidente Nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, exigió al gobierno federal aplicar la ley al pie de la letra y dejar a un lado su actitud omisa ante los grandes problemas que afectan al país, principalmente en materia de seguridad y de implementación de la Reforma Educativa.
Durante su gira de trabajo por Chiapas, el dirigente del PAN también reprobó la violencia de la que fue objeto el Comité Directivo Estatal del PAN en Chiapas, por parte de la CNTE, por lo que reiteró su llamado a rechazar la violencia, porque el camino que merecen Chiapas y México es el de la paz, la tranquilidad y el diálogo.
Asimismo, condenó los hechos violentos del fin de semana pasado en San Juan Chamula, donde fueron asesinados el presidente municipal, un síndico, un regidor y un vecino de la comunidad, en medio de reclamos de pobladores por los recursos públicos.
“Condenamos los recientes hechos violentos en San Juan Chamula. Son verdaderamente lamentables, alarmantes. Lo ocurrido lo hemos visto con alarma y con sorpresa en todo el país. Reiteramos que el camino es el del diálogo, el de los acuerdos, el de la paz. Jamás el de la violencia”, expresó en conferencia de prensa.
Anaya Cortés recordó que el pasado fin de semana también fue asesinado el alcalde de Pungarabato, Guerrero, tras sufrir varias amenazas por parte de la delincuencia organizada y no obstante haber solicitado el apoyo del gobierno federal.
“Esta ola de asesinatos continúa. El lunes ultimaron a tiros al esposo de la presidenta municipal electa del municipio de Mártires de Tacubaya, Oaxaca. El gobierno ha sido incapaz de garantizar la integridad de estas autoridades, por lo que hoy, nuevamente, le exigimos que cumpla con su trabajo”, enfatizó.
Respecto a las medidas de presión de la CNTE en varios estados del país, Anaya Cortés dejó en claro que la ley no se negocia, y que sería un desastre que el gobierno federal cediera para que, como en el pasado, las plazas de los maestros se puedan vender, heredar o rentar.
“La vía para resolver este tipo de conflictos es el diálogo, no secuestrar el Estado de Derecho. Quienes dejan a los niños sin clases, cierran vialidades y colapsan la actividad productiva en los lugares en los que se manifiestan, están violando la ley abiertamente. El gobierno está obligado a recuperar el orden en los estados en donde se está afectando a terceros, en estricto apego a la ley y con respeto a los derechos humanos”, concluyó.
