Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ante los casos de despidos injustificados señalados por burócratas estatales, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), exigió mediante un punto de acuerdo respeto a los derechos laborales de trabajadores estatales y del Congreso local.
Con ello se busca que el Estado respete el derecho al trabajo, pues el diputado Rafael González Benavides, expuso en tribuna que: «En las últimas semanas, el tema de conversación en todos los ámbitos, ha sido el de los despidos injustificados… con el cambio de administración algunos puestos de confianza están sujetos a la voluntad de sus titulares, sin embargo, quienes ocupan un cargo administrativo no deben ser objeto de venganzas políticas ni ser utilizados para justificar una postura electorera».
Afirma que como órgano de representación popular, el Congreso del Estado debe estar muy atento a que en Tamaulipas, los derechos de toda la población sean respetados y protegidos, especialmente los de la clase trabajadora.
«Hemos escuchado testimonios de trabajadores que por el hecho de haber expresado su simpatía política por determinada corriente partidista, han sido despojados del único sustento de sus familias».
Acusó presiones de funcionarios estatales y del Congreso para obligar las renuncias de servidores públicos.
«Trabajadores del Ejecutivo y del Congreso se están quedando sin empleo, por razones de no compartir ideología con quienes hoy son gobierno».
El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fija con precisión las bases sobre las cuales se deben dar las relaciones empleador – empleado. Además leyes como La Federal del Trabajo y la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Tamaulipas, señalan que todas las autoridades del estado están obligadas a abstenerse de efectuar prácticas discriminatorias.
La aplicación de esta ley corresponde a todos y cada uno de los Secretarios de Estado y a los servidores públicos en general.
González Benavides reiteró la disposición de los legisladores priistas para defender los derechos laborales de los trabajadores estatales y del Congreso local.