Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), aseguró que es momento de iniciar la discusión para que delitos como el peculado electoral y el condicionamiento de los beneficios de los programas sociales sean considerados graves, a fin de que quienes incurran en ellos puedan ser detenidos y no salgan libres bajo caución.
Al participar en el programa Justicia electoral a la semana, que se transmite por Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), indicó que en el nuevo sistema penal dichos ilícitos no son delitos en los que se pueda solicitar prisión preventiva de manera oficiosa, lo cual significa que las personas involucradas van a seguir su proceso en libertad.
“Y aquí hay un tema muy importante, porque subir las penas no nos va a dar como resultado de manera directa disminuir la incidencia delictiva, pero sí mandan un mensaje muy claro respecto al reproche de la ciudadanía a la clase política por este tipo de conductas para efectos que las personas sean privadas de su libertad como un reproche por la conducta que desarrollan”, indicó Nieto Castillo.
Enfatizó que los programas sociales son para satisfacer derechos de la ciudadanía y no para comprar el voto, ni condicionarlos para que un partido político o candidato obtenga un triunfo, porque quienes lo hacenestán desvirtuando su fin, que es “atemperar las desigualdades sociales en un país como México, que tiene unos niveles de desigualdad muy grandes”.
FEPADE e INE trabajan para combatir el turismo electoral
Durante la entrevista con la periodista Guadalupe Juárez, Nieto Castillo señaló que la FEPADE y el Instituto Nacional Electoral (INE) están trabajando de manera conjunta para combatir el llamado turismo electoral, que está alcanzando dimensiones graves, ya que se ha detectado una variante que identificaron como supranacional, en la que se ha descubierto que ciudadanos guatemaltecos de manera irregular obtenían credenciales para votar en Chiapas, particularmente en los municipios de Suchiate y Mazapa de Madero.
“Es un tema que se detectó en 2015 y del que estamos procesando la información en la que el juez del Registro Civil, que por cierto era el esposo de una candidata en el año 2015 a ser presidenta municipal, era el que expedía estas actas de nacimiento extemporáneas, con las cuales se acudía al INE para que se liberaran y expidieran las credenciales de forma ilícita”, pero además se ha encontrado que se ha realizado dicho ilícito de Yucatán a Quintana Roo, en la ruta hacia Veracruz y también en Sonora.
Finalmente, Nieto Castillo señaló que con miras a los comicios que se verificarán el próximo año han iniciado los acercamientos correspondientes con las autoridades electorales del Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz, para implementar el modelo de blindaje electoral que aplicaron en los comicios de este año en diversas entidades, que consiste en cerrar las instalaciones, generar los comités de blindaje electoral, estar tres días antes de la jornada comicial, incluso con el despliegue ministerial para inhibir la incidencia delictiva.