El Senador Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, presentó un punto de acuerdo por el que el Senado de la República cita al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Víctor Manuel Toledo Manzur y Blanca Jiménez Cisneros, respectivamente, para que expliquen el impacto y alcance social, económico y ambiental ante la actual distribución de agua en la cuenca baja del Río Bravo.
Urgió, a través de la propuesta suscrita por casi todos los senadores presentes, realizar mediante las comisiones legislativas respectivas el análisis que permita construir un modelo de gobernanza hidrológica que preserve el agua y el derecho que tienen todos los mexicanos para acceder a ella, con la participación de los gobiernos estatales y municipales, organizaciones sociales, privadas y académicos.
Villarreal Anaya señaló como crítico el caso de los derechos históricos del Río Bravo, sobre el que existe el Tratado Internacional de Aguas de 1944 y la ley de aguas federales, toda vez que desde 1976 un estudio realizado por la entonces “Comisión del Plan Nacional Hidráulico” arrojó que ya existían aprovechamientos superiores a los futuros consumos previstos en la firma de dicho tratado, en el Río Conchos, que es el afluente principal de Río Bravo.
El estudio, que comprendía el análisis del desarrollo de nuevos proyectos, concluyó que si se llevarán a cabo estas acciones se incrementarían los volúmenes de agua utilizados e influiría negativamente en la parte baja de la cuenca y respecto al volumen comprometido con los Estados Unidos, pero pese a que desde 1955 se declaró veda para el otorgamiento de concesiones del Río Bravo y sus tributarios, se continuaron desarrollando proyectos fuera de lo establecido, por lo que ahora no hay agua en la parte baja de Coahuila y en el norte de Tamaulipas.
Américo Villarreal sostuvo que de manera sistemática algunas administraciones cometieron el error de concesionar concentrando en manos de algunas personas físicas y morales, o algunos estados de la república, el control del agua, con el único propósito de hacer política o incluso negocio con un recurso natural de la Nación.
Al no permitir los escurrimientos de manera normal de los volúmenes de agua del Río Conchos bajo el argumento de que esas aguas son de Chihuahua, se están afectando los derechos de los mexicanos del Medio y Bajo Bravo, ya que se tienen retenidas en las presas del Río Conchos, y las presas internacionales que almacenan este recurso natural en Tamaulipas disponen ahora volúmenes menores a su derecho.
El senador Tamaulipeco subrayó que, en la actualidad el gobierno federal ha tratado de poner en regla la disposición de agua para facilitar el acceso al líquido a todos de una forma racional; sin embargo, irregularidades administrativas han negado la disposición de entregar un recurso que es de todos y, que se debe cuidar porque de él depende la viabilidad de la nación y sobre todo, el acceso al agua hacia el futuro.
Por lo tanto, precisó que las aguas que se encuentran en el país no son propiedad de ningún estado, persona o grupo; son propiedad de la nación, como lo establece la Constitución, por lo que el aprovechamiento dependerá de las concesiones que otorgue el Ejecutivo federal de acuerdo a la ley y su cumplimiento derivados del análisis técnico y el recurso de agua disponible.
