CIUDAD DE MÉXICO .- El juez Segundo de Distrito de Baja California, José Eduardo Rodríguez Castillo, concedió una suspensión provisional a una empresa de Baja California para que el presidente Andrés Manuel López Obrador revise el presupuesto público de 2020, con el propósito de que reasigne recursos públicos que sirvan para atender la emergencia sanitaria que vive el país ante la pandemia de COVID-19.
La solicitud de juicio de amparo fue declarada procedente a fin de que se proceda con la reasignación del presupuesto de egresos para el presente ejercicio (2020), pues de acuerdo con el artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el referido presupuesto no debe ser estricto, inflexible ni imposible de modificar, por lo tanto puede destinar los recursos suficientes para atender esta crisis sanitaria.
Se advierte además, en la suspensión provisional, que los derechos laborales de los trabajadores están por encima de las obligaciones fiscales, por lo que se solicita a las autoridades en la materia que brinden las facilidades necesarias a las empresas para el pago de impuestos, debido precisamente a la interrupción laboral por esta contingencia sanitaria.
Se suman otros argumentos a la resolución especial dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el viernes 10, en la que se recomienda a los países integrantes de la Organización de Estados Americanos la conservación de las fuentes de empleo, con el fin de que la sociedad pueda allegarse los recursos necesarios para superar la actual crisis.
La suspensión provisional hace notar que ese mismo documento de la CIDH también contempla el otorgamiento de subsidios, rentas básicas y otras medidas de apoyo económico para garantizar el ingreso y la subsistencia de todas las personas trabajadoras.
La resolución agrega que derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 también existe un compromiso del gobierno federal de garantizar el empleo, la salud y el bienestar de los mexicanos
Finalmente, el abogado de la empresa Cervecería Infinito que promovió el juicio de amparo, Adolfo Solís Farías, aseguró que la suspensión obligará al gobierno federal a no asignar más recursos públicos a la construcción de obras como el Tren Maya, la refinería en Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y el Corredor Transístmico, derivado de que la prioridad del erario debe ser “salvar vidas“ y no la construcción de dichas obras que el mandatario mexicano considera “indispensables“.