Esta absurda acción contraviene derechos humanos elementales de los victorenses: a la seguridad jurídica, a la legalidad, a su derecho humano a la libertad de tránsito y hasta el relativo a la libertad de trabajo.
Los ciudadanos no tienen obligación de soportar actos irregulares de esta naturaleza, mucho menos aquellos que pisen derechos y su patrimonio, máxime ahora en estos tiempos de crisis de la economía familiar.
Me explico: Una cosa es que la autoridad municipal a través de Tránsito apoye a las autoridades de Salud a disminuir la circulación para que haya menos movilidad vehicular en la ciudad, y otra y muy diferente es, que esa ayuda se dé afectando el de por sí ya mermado bolsillo de los victorenses, sobre todo si la acción es muy cuestionable desde el punto de vista constitucional, pues en todo caso habría que reformar y armonizar varias leyes, particularmente en materia tributaria.
Desde luego las autoridades de los tres niveles de gobierno tienen el deber de exhortar a los ciudadanos y seguirnos cuidando entre todos en esta pandemia pero respetando libertades y no contraviniendo la más elemental seguridad jurídica.
Porque facultar por él mismo, como lo hace el alcalde, que los tránsitos puedan imponer multas a los ciudadanos por no usar cubrebocas y por circular después de las 10 de la noche contraviene múltiples disposiciones legales: hay una línea muy delgada entre coordinarse con la COEPRIS para acatar el Decreto o, incurrir en excesos, como es el caso, que perjudican la tranquilidad, el orden público y aún más la economía capitalina.
Por si fuera poco, las medidas no fueron puestas a consideración del Cabildo, el tema salud es prioritario pero ello no implica soslayar la ley.