Los gobernadores de la Alianza Federalista concretamos nuestro compromiso de cumplir y hacer cumplir la Constitución, combatiendo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la inconstitucionalidad de la extinción de 109 fideicomisos y fondos públicos. Por ello, el pasado viernes suscribimos las demandas que esta semana presentaremos ante la Corte para controvertir dicha extinción.
Como gobernadores estamos obligados a velar por el bien de nuestra gente y su forma y calidad de vida; por nuestros municipios y su gobernanza; por nuestros Estados y su viabilidad; y por la salud política de la federación misma. Nuestras controversias constitucionales son en defensa de todos, porque los alcances de esta reforma son incalculables en daño y afectados. Nadie se salvará del tsunami de su devastación.
La extinción de fideicomisos viola principios y preceptos constitucionales a granel y presupuestos públicos asignados y en ejercicio; desquicia por igual haciendas públicas y patrimonios privados. Priva de futuro a incontables mexicanas y mexicanos.
La reforma que extingue fideicomisos confisca derechos adquiridos de gobiernos, organizaciones y personas. Trunca proyectos públicos y privados; de vida y familia, de ciencia y justicia; de cultura y deporte; de sustento y salud. Condena indiscriminadamente al desamparo y concentra recursos, que hasta hace unos días estaban debidamente etiquetados y auditados, a un manejo discrecional y opaco. Maquiavelo le llamó el “Arcana Imperii”, el imperio del secreto.
Cabe señalar y destacar que no todos los recursos que se quieren concentrar en la Tesorería de la Federación son de origen federal. Muchos son privados, de origen nacional o internacional; otros son públicos, pero emanados los Estados y municipios, lo cual será motivo de innumerables litigios, costos e indemnizaciones.
Las controversias constitucionales, preparadas por los equipos jurídicos de cada uno de los Estados que integramos la Alianza Federalista, operan en dos niveles de impugnación: uno abstracto, que combate la violación de principios y preceptos constitucionales; y otro, concreto que desarrolla conceptos de invalidez por cada uno de los 109 fideicomisos extinguidos, haciendo valer las afectaciones particulares y contextualizadas a cada estado.
El primer objetivo de la estrategia legal es lograr la suspensión del acto reclamado, es decir, que la Corte ordene suspender la concentración de los recursos de los 109 fideicomisos (más de 68 mil millones de pesos) en la Tesorería de la Federación hasta que se resuelva el fondo de la controversia, a riesgo de volver irreparable el daño. El segundo y central objetivo es que la justicia federal declare inconstitucional la reforma que extingue los fideicomisos y la deje sin efectos.
En la Alianza Federalista destacamos y reiteramos que la defensa de los fideicomisos no es sólo para beneficio de nuestras entidades, sino para todos aquellos entes públicos y privados que serán severamente afectados si no se logra detener esta inconstitucionalidad.
Finalmente, el Secretariado Técnico de la Alianza destaca que esta no es la única ruta de acción posible contra la extinción de los fideicomisos, pues seguramente se emprenderán acciones de inconstitucionalidad por parte de fracciones parlamentarias del propio Congreso de la Unión y la vía de
amparo al alcance de todo aquel que vea afectados sus derechos por la desaparición de fondos públicos, como, por ejemplo, los damnificados sin el cobijo del FONDEN.
Ante el actual escenario de crisis, la Alianza Federalista avanza con firmeza y legalidad en la imperiosa necesidad de defender el futuro y bienestar de México. No nos detendremos hasta que se le dé razón y certidumbre a quienes son afectados directos de decisiones centralizadoras.
