Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Por recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de Marina (SEMAR), encabezó una disculpa pública institucional a favor de familiares de víctimas por eventos ocurridos en 2018.
En representación del presidente municipal, Arturo Sanmiguel Cantú, el secretario del Ayuntamiento, José Ibarra Flores, acudió a dar cumplimiento a la misma en un acto solemne realizado en la Plaza 1 de Mayo, este martes.
“El gobierno municipal es la institución más cercana a la comunidad y con ese carácter acude a dar cumplimiento a la recomendación 36 VG/2020, de esta manera Nuevo Laredo reitera que mantiene firme su compromiso con el Estado de Derecho. Ni un hombre, mujer, institución o grupo debe estar por encima de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, expresó.
Con responsabilidad y respeto, el contralmirante Ramiro Lobato Camacho, titular de la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la SEMAR, manifestó que este evento marca la ruta hacia una verdad que dignifique, brinde consuelo, atención y apoyo a los afectados.
“La Secretaría de Marina ofrece una disculpa pública, esta institución del Estado Mexicano lamenta profundamente la situación, por lo que se compromete a continuar colaborando ampliamente con las autoridades, así como agotar todos los recursos necesarios en el ámbito de nuestra competencia, implementando las medidas hacia el pleno acceso a la justicia por el bien de México”, resaltó.
El coordinador de asesores de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Rodolfo Monroy Velázquez, acompañó a la SEMAR para externar dicha disculpa pública a familiares y sociedad en general que se han visto afectados en diversas formas y magnitudes dada la realización de operativos institucionales dedicados a la prevención y persecución de los delitos.
En este acto institucional también estuvo Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación; Rosalba María del Carmen Zárate, titular de la Unidad de Seguimiento de Recomendaciones de la CNDH; Octavio Amézcua, de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos y Jessica Molina Rodríguez, representante de las familias afectadas
