La diputada Laura Isabel Hernández Pichardo (PRI) propuso que la Comisión Permanente exhorte al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a que garantice la libertad de investigación científica, tecnológica, humanística y de innovación, así como de cátedra, de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
La finalidad, señala, es que el Estado cumpla con la obligación enmarcada en la Constitución Política, de garantizar y apoyar la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica.
Asimismo, pide que el Conacyt otorgue los estímulos económicos a todas las y los investigadores, integrantes del SNI, tanto de centros o instituciones públicas como privadas, sin discriminación laboral, económica, social o cultural, velando por la igualdad de condiciones, de conformidad al cumplimiento de los propósitos para el desarrollo científico, humanístico, tecnológico y de innovación.
Además, que se exhorte a su titular para que en la convocatoria para designar a integrantes de las comisiones dictaminadoras del SNI, se garantice la certidumbre en el proceso a los miembros del Sistema, que sea público y asegure la eficiencia y calidad de la investigación, así como la productividad y contribución al desarrollo científico, tecnológico, social y cultural de México.
la proposición con punto de acuerdo fue turnada a la Segunda Comisión: Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, para su análisis y dictamen.
Refiere que las y los mil 600 investigadores que laboran en instituciones privadas, representan el 4.6 por ciento del SNI y generan el ocho por ciento de las patentes nacionales, benefician a 38 mil estudiantes de posgrado y a 264 mil de licenciatura, promoviendo las vocaciones científicas en el país, “sin contar que la información producida con recursos públicos se encuentra por ley obligada a publicarse en Acceso Abierto”.
Señala que las reformas de 2021 al Reglamento del SNI contienen desventajas para científicos de instituciones privadas que producen ciencia con recursos públicos; los estímulos para investigadores del sector público quedan sujetos a disponibilidad presupuestal y a convenios sin criterios homogéneos, ni certeza de pago y establecen “condicionantes discriminatorias”.
Menciona que la comunidad científica ha señalado que esos cambios atentan contra la libertad de investigación y de cátedra, y contra la autonomía de investigadores, “porque dirige la agenda hacia los temas de “mayor interés” que no son seriamente definidos”.
Añade que con la entrada en vigor del nuevo Reglamento el ingreso, permanencia y promoción en el Sistema ya no está sujeto a un análisis y evaluación entre pares, sino depende únicamente de una convocatoria y de la ratificación del Consejo General del Conacyt, sin que pueda aclararse o definirse el proceso exhaustivo que merece contar con una ciencia de calidad, lo cual ha generado incertidumbre de este sector, que ha solicitado corregir esas inconsistencias.
Por ello, indica, “estamos obligados a reconocer y apoyar a quienes hacen de la ciencia, la tecnología y la innovación una fuerza social, económica y cultural de trascendencia. Las y los investigadores son el factor determinante para mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos”.