La crisis institucional en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debe resolverse mediante el diálogo, para lo cual el Senado de la República podría fungir como interlocutor de buena fe, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila.
En un mensaje difundido en redes sociales, expuso que la conciliación, el consenso y la buena fe deben estar por encima del ataque, del denuesto, del odio y de la confrontación.“Hay que resolver este problema, por el bien del país”, subrayó.
El senador aclaró que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la instancia que puede dirimir controversias dentro del Poder Judicial.
Recodó que el TEPJF se encuentra en una crisis institucional, provocada por la destitución de su presidente y el nombramiento de uno nuevo.
Como integrantes del Senado y, como presidente de la Junta de Coordinación Política, agregó, estamos intentando actuar como interlocutores de buena fe, para buscar la solución a este diferendo interno.
Monreal Ávila explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también tiene facultades para resolver las controversias que se suscitan al interior de las salas que pertenecen al Poder Judicial de la Federación.
Dijo que el Tribunal Electoral es indispensable, es un órgano colegiado con una función esencial en la vida democrática del Estado mexicano; por eso, añadió, no podemos desoír, ignorar o minimizar lo que está pasando en ese órgano.
“Esa es nuestra posición y esperamos que esto tenga una solución rápida, por el bien del país”, expresó el líder de la mayoría legislativa en el Senado de la República.
Ricardo Monreal también publicó, en su página oficial, un artículo en el que explica el contexto, las decisiones que se tomaron en el Tribunal, los puntos de vista de los involucrados y algunas consideraciones sobre el conflicto.
Ahí, el legislador destacó que, desde una perspectiva política y jurídica, el Senado debe responder al llamado de restauración u observancia del orden constitucional en el Tribunal Electoral.
Lo anterior, conforme a sus facultades constitucionales, expresas e implícitas, de nombrar a los magistrados del Tribunal Electoral, de valorar cualquier renuncia o separación, de evitar la desaparición de un poder público derivado de una crisis institucional y en la búsqueda de garantizar el principio de inviolabilidad de la Constitución.
Además, subrayó que lo ocurrido ayer -al dejar sin efectos el mandato constitucional de que el presidente del TEPJF ejerza el cargo por cuatro años y en un ámbito de falta de regularidad- es un acto que, de entrada, no debe justificarse.
Por el contrario, continuó Ricardo Monreal, debe ser valorado, en especial si atenta contra la estabilidad de una de las instituciones más importantes de este país: el Tribunal Electoral.
Para ello, dijo en su artículo, deben considerarse, entre otros puntos, que “ni la Constitución, ni la Ley reconocen alguna facultad a favor de las magistraturas del Tribunal Electoral para evaluar formalmente a su presidente.
El único órgano facultado para supervisar la actuación de las magistraturas integrantes del tribunal es la Comisión de Administración”.
La Constitución, continuó, tampoco establece alguna facultad para destituir o revocar el acuerdo de designación de un presidente electo.
Monreal Ávila explicó en el texto que la sesión en la que se realizó el nombramiento del nuevo presidente tampoco es válida, porque se convocó de manera irregular: la supuesta ausencia del presidente.
Y no se convocó con la anticipación razonablemente exigida, ni se transmitió por la vía idónea, sino que se hizo a través las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral.
“En suma, el Tribunal se encuentra en potencial crisis institucional, pero también en una confrontación política, que sólo se superará con la voluntad de sus integrantes y a través de la interlocución de buena fe, tanto de la Suprema Corte de Justicia y en el Senado de la República”, asentó.
