Coincidimos con el gobierno actual “por el bien de todos, primero los pobres”. Por desgracia, hoy las cifras de INEGI y los análisis del CONEVAL confirman que el número de personas en condición de pobreza aumentó en los dos primeros años de la actual administración; mientras tanto, el gasto público destinado a programas sociales ha alcanzado niveles récord.
De acuerdo con la última medición de la pobreza de CONEVAL, en nuestro país, del 2018 al 2020, la población en situación de pobreza aumentó de 41.9% a 43.9%. El número de personas en pobreza pasó de 51.9 a 55.7 millones de personas. La población en situación de pobreza extrema aumentó de 7.0% a 8.5%, es decir, el número aumentó de 8.7 a 10.8 millones de personas. Adicionalmente, el Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo (Canasta Básica) se incrementó 6.8% en el último año. La creciente inflación significa que el salario de las personas alcanza para menos bienes y servicios. Esto afecta, sobre todo, a la población de más bajos ingresos ya que destina la mayor parte de sus recursos a cubrir necesidades fundamentales.
Los programas sociales de la administración federal tienen un alto riesgo de uso clientelar, ya que los diagnósticos y las reglas de operación no son claras ni están completas; Se sustituyeron programas como Prospera por becas sin corresponsabilidad. Programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas para el Bienestar Benito Juárez, entre otros, bajo una lógica de justicia social están entregando más de 50 mil millones de pesos en efectivo sin reglas de operación claras y con opacidad en los padrones de beneficiarios. El riesgo de que se terminen configurando redes electorales con los padrones de beneficiarios y que se les coaccione es alto.
La política social y el ejercicio del gasto asociado deben dar un “golpe de timón”, proponemos las siguientes acciones:
1. Selección objetiva de personas y hogares beneficiarios de acuerdo con su condición socioeconómica.
2. Entrega de transferencias sin intermediación de servidores públicos o actores políticos.
3. Coordinación interinstitucional para que los apoyos se correlacionen con la provisión de servicios educativos y de salud a los hogares más pobres.
4. Evaluación científica, con metodologías rigurosas a cargo de entidades académicas independientes.
5. Aprovechamiento de experiencias exitosas como la de Prospera y reactivar programas como el de Estancias Infantiles para atender a madres trabajadoras.
6. Impulso de la Empresa Social, para promover una economía con valores
democráticos que además apoye el desarrollo sostenible. Países como Brasil,
Canadá, España e Italia son referentes.
7. Transparencia en la operación de los programas sociales. Por ello insistimos en la
creación de un padrón único de beneficiarios, que aglutine los programas sociales de los tres órdenes de gobierno. Con esta herramienta se evitaría la duplicidad de programas, se identificaría a quienes realmente necesitan el apoyo y se evitaría el clientelismo.
La política social debe dar un viraje para poner en el centro -no el reparto de transferencias- sino a las personas y sus necesidades. No habrá presupuesto que alcance si la apuesta es por la universalización y no por la focalización de apoyos. Y los riesgos de uso clientelar crecerán mientras no se mejoren las reglas de operación y se apueste por la transparencia. La política social es la vacuna contra la pobreza, en COPARMEX queremos que no haya un solo hogar en el que falte alimento en su mesa; proponemos estas 7 acciones de mejora y trabajamos para que quien perdió su empleo pueda recuperarlo o convertirse en emprendedor abriendo su propio negocio. También impulsamos una Nueva Cultura Salarial para que el salario mínimo se incremente más que la inflación y alcance para cubrir satisfactoriamente las necesidades de los hogares. Creemos en una economía social que se base en la justicia, la equidad y la igualdad de oportunidades.
