Las comisiones de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron un dictamen que plantea declarar la última semana de febrero de cada año como la Semana Nacional de Concientización y Prevención de la COVID-19.
Se trata de difundir información sobre la importancia de las medidas sanitarias para aminorar las consecuencias originadas por el virus SARS-CoV-2, como la aplicación de la vacuna y la necesidad de no bajar la guardia con el distanciamiento social, el lavado de manos, uso de gel antibacterial, uso de mascarillas y cubre bocas, entre otras.
En el proyecto de decreto, las y los integrantes de las comisiones, que presiden el senador Américo Villarreal Anaya y Ana Lilia Rivera Rivera, destacaron los desafíos que México y la comunidad internacional enfrentan para mitigar los graves estragos que ha generado la pandemia.
Dichos retos, asentaron, exigen que desde las esferas pública, social y privada se profundicen y fortalezcan estrategias dirigidas a concientizar a la población sobre estas medidas.
Las y los senadores resaltaron que la Política Nacional Rectora de Vacunación y Prevención de la Covid-19, tiene como uno de sus ejes centrales, además de la inmunización, el de continuar con estas medidas.
En este sentido, las acciones de concientización en la sociedad son parte fundamental para lograr la disminución de la carga viral y las defunciones causadas por la enfermedad.
En la reunión ordinaria a distancia, también se aprobó una iniciativa que reforma el artículo 27 de la Ley General de Salud, a fin de que la atención de urgencias médicas calificadas sea obligatoria, cuando la vida del derechohabiente esté en peligro, en todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud, independientemente de la seguridad social que tengan los pacientes.
En este dictamen, las comisiones consideraron que la urgencia calificada, es un problema de salud que se presenta súbitamente, la cual pone en riesgo la vida, órganos o función del paciente y que, por lo tanto, requiere de una atención médica inmediata.
Enfatizaron que se deben garantizar los servicios públicos de salud a toda la población que no cuente con seguridad social, así como el acceso gratuito a la atención médica y hospitalaria, a exámenes médicos y suministro de medicamentos, incluidos en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
Y que es prioritario brindar a las y los mexicanos, especialmente a quienes habitan en regiones con alta o muy alta marginación, acciones integrales de salud que ayuden a elevar su calidad de vida.
Lo anterior, para evitar la ocurrencia de enfermedades o en su caso, detectarlas tempranamente a través de la participación de todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud.
