La Cámara de Senadores aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen por el que se expide la Ley Federal de Revocación de Mandato, cuyo objetivo es regular este ejercicio de participación ciudadana.
El Pleno agregó las modificaciones a 29 artículos del dictamen, así como la inclusión de un capítulo sobre sanciones y cambios al régimen transitorio del proyecto de decreto, que acordaron los coordinadores de los Grupos Parlamentarios y las comisiones dictaminadoras.
De esta manera, se precisa que la Ley tendrá por objeto regular y garantizar el ejercicio del derecho político de las y los ciudadanos a solicitar, participar, “ser consultados” y votar por la revocación del mandato de la persona que resultó electa popularmente como titular de la Presidencia de la República, mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.
El dictamen, que se aprobó en lo general con 101 votos a favor y dos en contra de los senadores Gustavo Madero Muñoz, del PAN, y Emilio Álvarez Icaza Longoria, precisa que la pregunta que se realizará cuando se lleve a cabo este ejercicio será:
“¿Estás de acuerdo en que (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.
En la discusión en lo particular, el senador Ricardo Monreal Ávila retiró la reserva que presentaron senadores de Morena, que buscaba modificar el artículo 33, debido a que no logró el consenso con todas las fuerzas parlamentarias, por lo que este se aprobó en los términos del dictamen.
Monreal Ávila informó que retiraría la propuesta para evitar se judicialice el ordenamiento y dar motivos para que de nueva cuenta impere la confrontación y la polarización.
La mayoría legislativa, acotó, actúa a la altura de las circunstancias, de manera congruente, sensata y prudente, pues quiere que el ejercicio de revocación de mandato sea ejemplar y “es mejor el diálogo que la confrontación. Morena tiene plena disposición de encontrar acuerdos, esta es la prueba más clara de nuestra voluntad política”.
El legislador hizo un llamado a no permitir que el Instituto Nacional Electoral (INE), ni ningún órgano autónomo, usurpe funciones del Legislativo, pues por poderosos que sean, no pueden violar el principio de legalidad. “Por eso hacemos este gran esfuerzo”.
La Ley dispone que el INE tendrá a su cargo, en forma directa, la organización, desarrollo y cómputo de la votación, incluyendo los consejos y juntas ejecutivas locales y distritales que correspondan.
Para dar pie a este proceso, se procedería únicamente a petición de los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, distribuidas en, al menos, 17 estados, y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada uno de ellos.
Dicho ejercicio democrático, sugiere el proyecto, podrá solicitarse por una sola ocasión, durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional de quien ostente la titularidad del Ejecutivo Federal.
Los senadores acordaron que los partidos políticos puedan promover la participación ciudadana en el proceso de revocación de mandato y se abstendrán de aplicar los recursos derivados del financiamiento público y del financiamiento privado para la realización de sus actividades ordinarias permanentes o sus actividades tendientes a la obtención del voto con el propósito de influir en las preferencias de las ciudadanas y los ciudadanos.
De manera puntual, el dictamen establece que queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato.
Además, el Consejo General del Instituto le corresponderá realizar el cómputo total y hacer la declaratoria de resultados, con base en los resultados consignados en las actas de cómputo distritales, así como dar a conocer los resultados correspondientes y remitir inmediatamente toda la documentación al Tribunal Electoral.
Al INE también le corresponderá vigilar y, en su caso, sancionar las infracciones a la presente Ley en los términos de Ley General y las decisiones podrán ser impugnadas ante la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Las y los senadores asentaron que cuando la declaratoria de validez, que emita el Tribunal Electoral, indique que la participación total de la ciudadanía fue, al menos, del 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para el titular de la Presidencia de la República.
En sus artículos transitorios, la Ley reglamentaria establece que, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, se derogan todas las disposiciones normativas que se opongan al mismo.
Asimismo, deberá garantizar la realización de la consulta establecida en la Constitución, por lo que hará los ajustes presupuéstales que sean necesarios y las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del decreto.
A nombre de las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, la senadora Mónica Fernández Balboa aseguró que la realización de este “importante e inédito ejercicio y derecho ciudadano” no debe dejarse a interpretaciones de entidades no legislativas.
Por Morena, el senador Higinio Martínez Miranda reconoció el esfuerzo de todos los Grupos Parlamentarios para buscar el consenso, lo cual consideró una demostración de lo que podrá lograr la LXV Legislatura.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Julen Rementería del Puerto, se congratuló de haber logrado un acuerdo para acompañar el ordenamiento, lo cual fue posible gracias al diálogo.
La senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, del PRI, reconoció que se solventaron las inconstitucionalidades de la propuesta inicial, puesto que la terminación anticipada del mandato y la pérdida de la confianza son elementos inherentes a la revocación de mandato.
Por Moviendo Ciudadano, el senador Noé Castañón asentó que la revocación de mandato es una causa que aglutina tres anhelos fundamentales: la aspiración de empoderar a los ciudadanos, exigir cuentas a los gobernantes y construir una democracia participativa.
Rogelio Zamora Guzmán, senador del PVEM, dijo que, en el régimen caduco, se creía que el Presidente estaba sobre el pueblo; pero con esta reforma, se recalca que es el primer sujeto sometido a la soberanía popular.
A nombre del PT, el senador Joel Padilla Peña enfatizó que con este ordenamiento se abre el camino para evaluar la confianza en las decisiones del gobernante presente, “no caigamos en debates absurdos, con esta ley cumplimos con la ciudadanía”.
Para la senadora Eunice Renata Romo Molina, de Encuentro Social, se fortalecen la rendición de cuentas, el control social de la gestión pública y los procedimientos de democracia directa; además, se clarifican los alcances de la reforma constitucional.
El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria dijo que a pesar de los acuerdos construidos no puede acompañar la aprobación de este proyecto, porque la revocación de mandato es un instrumento para que la gente enfrente a los malos gobiernos y “lo que vamos a tener es muy probablemente a un gobierno volcado en campaña y a un presidente como jefe de campaña.
Miguel Ángel Mancera Espinosa, senador del PRD, dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó se trata de un mecanismo que busca empoderar a la ciudadanía frente a sus representantes, para mejorar la calidad de las y los servidores públicos que ocupen puestos de elección popular, “no de preguntar lo obvio, pues la continuidad en el cargo está garantizada en la Constitución”.