El senador Clemente Castañeda Hoeflich promueve un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Gobernación que diseñe un programa para salvaguardar la integridad de familiares de personas desaparecidas, durante la búsqueda de sus seres queridos.
La desaparición forzada en México -señaló el legislador de Movimiento Ciudadano- es un fenómeno que vulnera, no sólo a las víctimas y su entorno familiar y social inmediato, sino a toda la sociedad, ya que “crea una incertidumbre aterrorizante y casi permanente sobre el paradero o suerte de las víctimas”.
En el punto de acuerdo, que fue publicado en la Gaceta del 2 de septiembre, el legislador refirió que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas reporta que a la fecha se contabilizan un total de 91 mil 330 personas desaparecidas y no localizadas a lo largo del territorio mexicano.
Desde el año 2009, recordó que, en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas comenzaron a organizarse los colectivos de búsqueda e investigación que pretendían dar con el paradero de familiares desaparecidos, acompañados por organizaciones civiles de derechos humanos.
Clemente Castañeda precisó que estos grupos estaban principalmente conformados por mujeres, que en la mayoría de los casos representaban a las madres, esposas e hijas de personas no localizadas.
En este sentido, subrayó que se han conformado movimientos que tienen presencia a nivel nacional y agrupan un gran número de colectivos de búsqueda, quienes, por medio de información publicada referente a fosas clandestinas y cuerpos encontrados, realizan sus labores.
El senador subrayó que tan sólo en lo que va del año, tres personas que buscaban a sus familiares fueron asesinadas y en lo que va de la presente administración, al menos cinco han sido ultimadas, según se ha documentado por parte de investigaciones periodísticas, aunque “el número podría ser mayor”.
Por ello, puntualizó, es fundamental que la Secretaría de Gobernación atienda la importancia de poner fin a la impunidad en los casos de desaparición de personas y de mantener mecanismos de protección eficientes y cercanos a la ciudadanía para los familiares de personas desaparecidas.