Las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud tienen que mantener y, en su caso, reforzar los programas de atención psicológica para el personal médico que se encuentra en la primera línea contra la pandemia de Covid-19.
Así lo consideró el Senado de la República, en un dictamen que se aprobó sin discusión en la sesión del pasado 13 de septiembre, en el que también advierte que además de los riesgos físicos, la emergencia sanitaria ha sometido a niveles extraordinarios de estrés a los profesionales de la salud.
Estos trabajadores, advirtieron las y los senadores, han sido expuestos a largas horas de trabajo, viven con miedo constante a la exposición de la enfermedad, mientras están separados de su familia y se enfrentan a la estigmatización social.
Antes del SARS-CoV-2, ya presentaban un mayor riesgo de suicidio en todo el mundo. Un estudio reciente encontró que uno de cada cuatro de los profesionales de la salud ha reportado depresión y ansiedad, y uno de cada tres insomnio durante la emergencia sanitaria.
Además, la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre “un alarmante aumento de las denuncias de acoso verbal, discriminación y violencia física entre los trabajadores de la salud, a raíz de la Covid-19”.
Ante esto es necesario que este sector conozca el manejo adecuado de pacientes y familiares ansiosos, desafiantes, irritables o agresivos, pues dicho comportamiento se puede dar por sentimientos de frustración, miedo o ansiedad, por malas experiencias previas o por tener culpa relacionada a no acudir ates a recibir atención médica.
Y esto se manifiesta con un comportamiento exigente, violencia verbal, amenazas y violencia física hacia los profesionales de la salud.
El Senado reconoció que ante la crisis provocada por la Covid-19 y las complicaciones que provoca en los trabajadores que la atienden, el Estado mexicano ha implementado distintos programas de ayuda para canalizar, diagnosticar y dar tratamiento al personal médico que requiere atención psicológica.
“Por lo tanto, es de vital importancia que dichos programas sean extendidos a todo el país y que, en los estados donde ya existan, sean mejorados, para así preservar el derecho a la salud mental del personal médico lo antes posible”.
