La diputada Celeste Sánchez Romero (PT) impulsa un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno de México a que instruya la realización de un plan para combatir el robo de medicamentos en el sistema de salud pública del país.
En ese plan participarían las dependencias involucradas en dicho sector, con las correspondientes áreas de fiscalización, jurídicas y procuración de justicia, entre ellas las secretarías de la Función Pública, de Seguridad Pública, de Hacienda y Crédito Público, así como la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Fiscalía General de la República, el Servicio de Administración Tributaria y las que se consideren.
En la propuesta, remitida a la Comisión de Salud, para su dictamen, la diputada señaló que el abasto insuficiente de medicamentos en el sector público de salud lastima profundamente a un amplio segmento de mexicanos en las 32 entidades de la República.
Sucede esencialmente en instituciones rectoras como el Instituto de Salud para el Bienestar, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que concentran la atención de la salud de la gran mayoría de los mexicanos.
Sostuvo que el gran obstáculo para garantizar que los medicamentos lleguen a la gente, es el “huachicol de medicinas”, es decir la corrupción y robo de medicamentos en alguna etapa de la cadena de suministro por parte de intermediarios, funcionarios o empleados del sector salud, con la finalidad de revenderlos y sacar un usufructo económico indebido. Este delito también es llamado “robo hormiga”.
Afirmó que el reto es mejorar el sistema de distribución interno para que lleguen a todos los hospitales los medicamentos, hasta los centros de salud, unidades médicas ubicadas en los pueblos marginados de la sierra, del semidesierto, de las zonas más apartadas y lo que es toral: combatir el robo de medicamentos, el “huachicoleo” de las medicinas.
Resaltó que lo lamentable es que el robo no es denunciado de manera formal por los usuarios ante el temor de represalias. De ahí la urgencia de adoptar un esquema que permita detectar con precisión estos actos ilícitos y combatirlos con las acciones legales y penales correspondientes, para erradicar esta práctica que lastima profundamente la integridad, la salud y es una amenaza y ataque contra la vida misma de las personas.
