La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (MC) impulsa reformas a las leyes General de Protección Civil, y Federal de Presupuesto y Responsabilidad, con el fin de que se constituya el fondo federal para la prevención y atención de emergencias y desastres de origen natural.
La iniciativa establece que las asignaciones en el Presupuesto de Egresos para este fondo no podrán ser inferiores al 0.4 por ciento del gasto programable y su ejercicio se sujetará a las reglas de operación que se aprueban anualmente.
Las reformas a las fracciones XII y XIV del artículo 19 y el párrafo quinto del artículo 21 de la Ley General de Protección Civil, también precisan que dicho fondo federal será atribución de la Coordinación Nacional de Protección Civil, que a su vez podrá aplicar los instrumentos financieros de gestión de riesgos en coordinación con las entidades federativas.
También propone modificar el artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para establecer que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos deberán incluirse las previsiones del Fondo Federal para la Atención de Emergencias y Desastres Naturales, para llevar a cabo acciones preventivas o ejecutar programas y proyectos de infraestructura.
Precisa que el ejercicio de estos recursos se sujetará a las disposiciones que se establezcan en el Presupuesto de Egresos, así como las que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
indica que nuestro país es uno de los más vulnerables a los fenómenos meteorológicos extremos por sus características, ubicación geográfica y condiciones socioeconómicas. Las sequías, inundaciones, tormentas, huracanes, incendios, deslaves y desgajamiento de los cerros son cada vez más frecuentes, intensos y severos.
Ello “nos obliga a generar mecanismos financieros para que nuestro país, las entidades federativas y los municipios cuenten con las herramientas que permitan atender a la población afectada, y los daños que se originen, además de la instalación de albergues, alimentación, atención a la salud, y a evitar pérdidas económicas”.
Subraya que la atención de los desastres naturales se encuentra vinculada a 10 objetivos y 25 metas de la Agenda 2030, por lo que su ajuste en la legislación actual en el corto plazo permitirá alinear y fortalecer los esfuerzos para lograr el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de nuestro país, así como a brindar atención a los damnificados y a impulsar la reconstrucción de la infraestructura que se daña o se pierde durante cada fenómeno natural.
La propuesta fue remitida a las comisiones unidas de Protección Civil y Prevención de Desastres y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
