El diputado García Hernández (PT) propuso adicionar la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
Considera impostergable abatir la brecha de oportunidades para dicha población
Con el objetivo de establecer que en locales de concurrencia pública las personas con discapacidad cuenten con el apoyo de especialistas en diversas formas de comunicación para su auxilio y orientación, el diputado Jesús Fernando García Hernández (PT) propuso adicionar una fracción V al artículo 8 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Para lograr ese propósito, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, así como los gobiernos de entidades federativas y municipios podrán celebrar convenios con los sectores privado y social.
En la iniciativa, enviada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, se destaca la necesidad de tener mayores opciones de asistencia en apoyo a este grupo de población.
Menciona que se requieren políticas públicas e iniciativas que procuren la atención de las personas con discapacidad, donde se les garantice, entre otras medidas, accesibilidad física y sensorial a la debida y acertada información, a oportunidades de trabajo, de salud y de educación, entre otras garantías a las que tienen derecho, en pro de su participación e integración.
Las personas con discapacidad, relata, al estar limitadas por su condición física y sensorial, requieren de ser atendidas con infraestructura de servicios y de asistencia personal, entre otros beneficios, que les ayude en su acceso a mayores oportunidades de integración.
Indica que la segregación, etiquetamiento, desacreditación y exclusión que viven y que las lleva a ser marginadas, tiende a agravarse ante el hecho de que algunos servicios públicos y privados, como la educación, el transporte y lugares de empleo, entre otros, así como demás actividades de la vida social, no estén precisamente pensados y diseñados para ellas en igualdad de condiciones.
Dichas prácticas, expone, constituyen una abierta violación a los derechos humanos y dada la irregularidad que representan, es necesario revertir.
Conforme al Censo de Población y Vivienda de 2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hay en México 6 millones 179 mil 890 personas con algún tipo de discapacidad. Esta cifra representa el 4.9 por ciento del total de la población del país, 53 por ciento son mujeres y 47 por ciento hombres, precisa.
Indica que es impostergable abatir la brecha de oportunidades para las personas con discapacidad, de suerte tal que este grupo de población pueda ejercer sus derechos a plenitud y que los obstáculos que prevalecen en razón de condiciones físicas, psicológicas y conductuales, no sean más una barrera que les limite su acceso a la integración y el desarrollo que deben ser por igual, comunes a todos.