El Pleno del Senado aprobó un proyecto para incrementar en un tercio las penas que establece el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud, para quienes adulteren, falsifiquen, contaminen, alteren o vendan medicamentos y vacunas para prevenir, detectar, tratar o curar enfermedades causadas por epidemias de carácter grave.
La reforma, que fue aprobada con 65 votos a favor, 14 en contra y una abstención, precisa que para el supuesto de participación de un servidor público en funciones el incremento de la pena sea de hasta un tercio de lo establecido.
Además, elimina las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y las sustituye por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización.
El senador José Alfredo Botello Montes, del PAN, reconoció que se debe intervenir ante esta grave y delicada conducta de obtener ganancias ilícitas con el uso de medicamentos adulterados o falsificados. “Tenemos casos muy lamentables como cuando en lugar de medicamentos se inyectaba agua”.
El dictamen, que fue enviado a la Cámara de Diputados, destaca que la Organización Mundial de la Salud advirtió la proliferación de productos médicos falsificados que afirman prevenir, detectar, tratar o curar la Covid-19.
Alertó que las vacunas contra el SARS-CoV-2 falsificadas suponen un grave riesgo para la salud pública mundial y una carga adicional para la población vulnerable y los sistemas sanitarios.
La reforma establece que cuando algunas de las conductas que incluye el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud involucren medicamentos o vacunas que pretendan prevenir, detectar, tratar o curar alguno de los supuestos previstos en el artículo 181 de esta ley, se aumentará hasta en un tercio la pena establecida para tal delito.
La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Ana Lilia Rivera Rivera, indicó que la reforma refuerza el sistema penal en torno a la adulteración, falsificación, contaminación y contrabando de medicamentos.
En este sentido, dijo, son viables y necesarias las medidas propuestas, sobre todo porque durante la contingencia sanitaria aumentó la demanda de medicamentos, vacunas, diagnósticos y reactivos relacionados con el virus, lo que crea una oportunidad para la comisión de ilícitos relacionados con la distribución de productos médicos falsificados.
Al expresar su postura en contra, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria dijo que con el aumento de penas no se resolverán los niveles de inseguridad y delincuencia, “esa ruta ya demostró que es un error histórico, jurídico y conceptual”.
El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD, destacó que la Organización Mundial de las Salud advirtió sobre las ganancias multimillonarias de más de 30 mil millones de dólares en el caso de medicamentos y sustancias ilícitas.
Por su parte, la senadora del PT, Cora Cecilia Pinedo Alonso, refirió que se debe reforzar el combate a la falsificación de vacunas y medicamentos, para fortalecer el actuar de las autoridades sanitarias.
