El Pleno del Senado de la República pidió al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Guardia Nacional respetar, proteger, promover y garantizar irrestrictamente los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional en la frontera sur del territorio nacional.
Así como garantizar los principios de no rechazo en fronteras, de no devolución de las personas solicitantes de asilo, de no detención de niñas, niños y adolescentes, y del principio de unidad familiar.
En este dictamen, las y los senadores también pidieron al INM realizar una revisión de sus protocolos de actuación, y a la Guardia Nacional, en lo que respecta a su actuación como autoridad coadyuvante, apegarse a los protocolos del uso de la fuerza.
Esto, con el propósito de cumplir con la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y los tratados internacionales de los que México es parte.
Asimismo, la Asamblea solicitó al Instituto Nacional de Migración un informe sobre los procesos administrativos y legales a los que fueron sujetos las personas funcionarias públicas que han utilizado la fuerza o que vulneraron los derechos humanos de las y los migrantes.
Este reporte, se precisa el dictamen, debe contener el número de personas migrantes que han sido detenidas en la frontera sur del país o que se encuentran en alguna estación migratoria de esa zona, especificando su origen, sexo, edad, motivos y lugar de detención, así como el estatus de su solicitud, en estricto respeto a la protección de sus datos personales.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, Bertha Caraveo Camarena, expuso que los planteamientos están dirigidos a diversas instancias federales, ante los nuevos flujos migratorios en México, y los hechos suscitados en la frontera de Guatemala y Chiapas.
Desde la tribuna, la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, del PAN, expuso que la Guardia Nacional se ha constituido como un muro fronterizo que detiene personas y caravanas, incurriendo en graves violaciones a los derechos humanos y a la dignidad humana.
Además, manifestó su preocupación por el silencio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ante las posibles violaciones en que incurren las autoridades.
Juan Zepeda, senador de Movimiento Ciudadano, aseguró que el país equivoca la política migratoria, pues hay familias separadas y migrantes asesinados; además, solicitó la comparecencia del titular del INM y subrayó que la política migratoria falta a los tratados y convenciones obre el respeto al derecho humano a la migración.
Rogelio Zamora Guzmán, del Partido del Verde Ecologista, manifestó que México tiene una deuda histórica con la migración en general, ya que es un país beneficiado por una actividad humana que ha existido siempre.
Por el Grupo Plural, el senador Emilio Álvarez Icaza subrayó que México ha insistido en foros internacionales que es inaceptable separar a las familias y lo que está haciendo es separar a familias de migrantes, eso en todos los órdenes es reprobable, “y en esta casa por Ley se prohibió eso”.
La Guardia Nacional está en el tope de las instituciones con más denuncias con 424 en lo que va de 2021, mientras que en el número seis se encuentra el Instituto Nacional de Migración, advirtió.
Adicionalmente, el senador Víctor Fuentes Solís, de Acción Nacional, advirtió que el Gobierno no tiene suficiente presupuesto para atender a los migrantes que ingresan al país. “Estoy en contra”, dijo, porque se trata de una propuesta inviable financieramente.