En el Senado de la República se llevaron a cabo las audiencias públicas, en las que más de una docena de organizaciones de la sociedad civil, relacionadas con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, presentaron sus propuestas para la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
La presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, Patricia Mercado, destacó que, con este proyecto, que se espera aprobar antes de que termine el periodo de sesiones, “queremos que se refleje la voz de las personas más vulnerables”.
La senadora de Movimiento Ciudadano enfatizó que el ejercicio de diversos derechos como la educación, al trabajo o la participación política, entre otros, está estrechamente relacionado con la posibilidad de moverse en el espacio público para acceder a ellos.
Para las personas con discapacidad, dijo, esto significa contar con condiciones materiales para que sus discapacidades no impliquen una desventaja, ya que, en la gran mayoría de los casos, requieren desplazarse de sus hogares para realizar sus actividades.
En su oportunidad, los senadores Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural; Elí César Eduardo Cervantes Rojas, de Morena; Claudia Anaya Mota, del PRI; y Víctor Fuentes Solís, del PAN, celebraron la participación de las organizaciones para compartir sus propuestas para enriquecer el dictamen.
Laura Lizbeth Bermejo Molina, presidenta de la organización Libre Acceso, urgió al Senado a que esta práctica de inclusión de personas con discapacidad, se lleve a cabo en todas las iniciativas, bajo todos los parámetros de accesibilidad.
Además, pidió que las recomendaciones para mitigar los contagios provocados por la pandemia, no obstruyan lo ganado en el tema de accesibilidad, y que se logre un sistema integral que termine con los accidentes y la mala planeación en el sistema de seguridad nacional.
Cecilia Guillén Lugo, representante de la organización “En Primera Persona”, advirtió que, si la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial no se aprueba, las personas con alguna discapacidad “nunca estaremos recibiendo los derechos del resto de la población”.
Por su parte, Carlos Daigoro Fonce Segura, coordinador de la Comisión de Accesibilidad del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación de Arquitectos de la República Mexicana, lamentó que sólo 545 de los dos mil 599 municipios del país, cuenten con un reglamento que visualiza medianamente a las personas con alguna discapacidad.
Asimismo, Alejandra Álvarez Hidalgo, secretaria técnica del Movimiento en Defensa de la Educación Bilingüe para Sordos, criticó que no existe la infraestructura adecuada para las personas con discapacidad auditiva, tanto en las vialidades como en las viviendas, por lo que es necesario acabar con las barreras que impiden su movilidad.
En su oportunidad, la directora del Comité Nacional Lenguas de Señas Mexicanas, Olinda Perla Treviño González, propuso crear un número especializado de emergencia con una nueva tecnología para sordos, atendido por un operador, como existe en otros países.
Además, Miguel Ángel Morales Olvera, estudiante de psicología con discapacidad motriz, dijo que, para conseguir una movilidad de calidad, es necesario contar con personal de apoyo capacitado, asistencia de animales y dispositivos tecnológicos, a un precio accesible, como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
“No aspiro a la asistencia, sino a la garantía de un entorno accesible, inclusivo y seguro en el cual pueda desarrollarme, compartir, colaborar y aportar a nuestra sociedad”, precisó.
Durante su participación, el director de Comunicación Social de la Red Puebla para Todos, Rodrigo Centeno Galicia, propuso adaptar de manera paulatina las unidades de transporte público y concesionado para personas con discapacidad, cuando se lleve a cabo el cambio de concesiones, además de planear la modificación de calles y municipios con el apoyo de diversos niveles de gobierno.
Adicionalmente, Luz del Carmen Zenteno, de la Asociación Civil Manu Vive, pidió sanciones para las personas que se estacionan en lugares para discapacitados, así como adaptar las rampas a las medidas adecuadas.