La senadora Claudia Esther Balderas Espinoza llamó al Ejecutivo Federal, a los gobiernos de las 32 entidades federativas y a las administraciones municipales a que diseñen estrategias coordinadas para identificar, atender y disminuir los riesgos a los que se enfrentan niñas, niños y adolescentes en situación de calle.
En 2017, el Censo de Poblaciones Callejeras reportó que sólo en la Ciudad de México había seis mil 754 personas en esta condición, cuyo contexto anterior había estado marcado por la pobreza extrema, la violencia familiar, consumo de sustancias psicoactivas y problemas emocionales, pero no se pudo ubicar con precisión a los menores en esta situación.
La legisladora de Morena refirió, en un punto de acuerdo que fue turnado a la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, que en nuestro país hay cinco mil 778 personas sin vivienda, pero no necesariamente en situación de calle, ya que este indicador aún no se encuentra integrado en el Censo de Población y Vivienda.
Además, señaló Balderas Espinoza, no se puede saber con exactitud el número de menores que viven en la calle, que enfrentan los riesgos y peligros que implica no tener hogar.
En el informe de 2018 del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, se advirtió que 50 por ciento de la población nacional de niñas, niños y adolescentes vivían en hogares que experimentaban algún tipo de pobreza.
Es decir, 20.7 millones de infantes que por ley merecen la más amplia protección por parte de quienes ejercen sobre ellos su guarda y custodia, así como por parte del Estado, de manera que se garantice su libertad y dignidad humana.
Ante este panorama, la senadora presentó un punto de acuerdo para solicitar al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que identifique a los menores que se encuentran en situación de calle en el país, y genere una base de datos, que permita sistematizar la información para reducir la vulnerabilidad de este sector de la población.
Además, pidió que el Ejecutivo Federal y el de las 32 entidades federativas se coordinen con los gobiernos municipales para poner en marcha estrategias integrales, que permitan reducir los riesgos a los que se enfrentan los infantes y se garanticen sus derechos.
