La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, afirmó que el principal propósito de reformar el Código Penal Federal en materia de delitos sexuales es incluir la figura del consentimiento de una persona a participar en un acto sexual, “algo que está invisibilizado totalmente”.
En su participación en el foro “Diálogos parlamentarios, Reformas al Código Penal Federal. Delitos Sexuales”, destacó que la iniciativa plantea aspectos primordiales como el que la definición de violación abarque todas las formas de penetración sexual, con una parte del cuerpo o un objeto cometido sin el consentimiento de la víctima.
Debemos de entender, continuó, que el “no es no. Eso significa que el consentimiento tiene que ser expresado de manera inequívoca a través de palabras, acciones, conductas, pero que sean de manera inequívoca”.
En ese sentido, Sánchez Cordero dijo que “no se puede inferir el silencio de la víctima, no se puede inferir la resistencia, tampoco la sugerencia, la solicitud o la comunicación de la víctima respecto a un uso de anticonceptivo”.
También, abundó, es importante establecer que el consentimiento será nulo cuando la víctima sea menor de 15 años o cuando haya violencia física, emocional, económica, coacción o engaño, intimidación o presión que contribuya a este sometimiento en relaciones asimétricas.
Del mismo modo, dijo, la reforma busca adecuar que si la víctima está bajo el influjo de sustancias que alteren su consciencia o que la víctima tengan alguna discapacidad, y que esto le impida otorgar el consentimiento, frente a una relación asimétrica.
Además, analizar si es o no punible la relación entre adolescentes cuando sean mayores de 14 años, “porque también es importante saber que en muchas ocasiones no hay violación, no hay violencia, pero ahí tenemos un matiz; es decir, siempre y cuando la diferencia de edad entre ambos no sea mayor de tres años y que no exista esta relación asimétrica de poder”.
“Es un tema muy sensible que no tiene partidos políticos, ni fracciones parlamentarias, que no tiene colores, no habrá quien no se sume a esta iniciativa, prácticamente estará acompañada de todo el Senado mexicano”, aseguró.
Por ello, consideró, se les tiene que dar herramientas a los fiscales y a los jueces para que no queden impunes estas conductas, para que las personas agresoras que se enjuicien tengan una sentencia congruente a su conducta y no puedan dar paso a un margen considerable de impunidad y se puedan escapar de una sanción penal ejemplar.
Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, reconoció que los delitos sexuales que viven las mujeres, rara vez llegan al conocimiento de un Ministerio Público, por lo que hay un alto porcentaje de impunidad.
Dijo que senadoras y senadores de diversos Grupos Parlamentarios presentaron una iniciativa en materia de delitos sexuales, a fin de redefinir el delito de violación e incorporar el concepto de consentimiento.
“La reforma busca transformar la perspectiva con la que se aborda la violencia sexual, llenando vacíos legales y dándole herramientas al Ministerio Público, así como a jueces para que investiguen y sancionen esta clase de delitos”.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Kenia López Rabadán, afirmó que las reformas al Código Penal Federal en materia de delitos sexuales son impostergables y fundamentales para ampliar la protección de las víctimas de violación y abuso sexual.
En el Senado, dijo, tenemos la tarea de garantizar a las víctimas su derecho a la justicia y velar por que las modificaciones se cumplan; por ello, el Estado mexicano debe actuar en coordinación con los tres órdenes de gobierno y con los poderes de la Unión, porque urge garantizar justicia a las víctimas.
La senadora Gabriela López Gómez, de Morena, expuso que uno de los problemas que se tienen que resolver es la manera en que cada entidad tipifica jurídicamente el feminicidio y la diferencia en las sanciones que reciben los delincuentes, tanto en las penas privativas de la libertad como en las pecuniarias.
La senadora del PRI, Nuvia Mayorga Delgado, consideró que las penas por agresiones sexuales, y sobre todo de quienes cometen el delito de violación, sin el consentimiento de la víctima, se deben incrementar.
Por su parte, Nadine Gasman Zylbermann, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, subrayó que, para fortalecer los derechos de mujeres y niñas, se necesita de diálogo, participación y suma de esfuerzos articulados de los gobiernos federal, estatales y municipales con el Poder Legislativo.
En el Inmujeres, agregó, celebramos esta iniciativa para que se garanticen los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas, “esta propuesta es una piedra angular para el cumplimiento paulatino de mandatos constitucionales, legales e internacionales”.
En el foro, estuvieron las senadoras de Morena, Lucía Trasviña Waldenrath y Mónica Fernández Balboa; los fiscales generales de Campeche, Coahuila, Chihuahua, Chiapas, Hidalgo, Jalisco, Tabasco, Quintana Roo, Sonora y Yucatán; así como Fabiola Alanís Sámano, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, entre otros.
