Cada mexicano debe al menos 100 mil pesos por concepto de deuda pública, que son las obligaciones financieras (bonos, préstamos) contraídas por el gobierno, a través de las cuales se compromete a pagar intereses y el préstamo original en ciertas fechas determinadas.
El endeudamiento público es la consecuencia y resultado de dos políticas fiscales: recaudar menos de lo que se puede o gastar más de lo que se tiene.
Este 2022, el Gobierno de México deberá pagar por servicio de la deuda $869,000 millones, que representa el 12% del Presupuesto, lo cual es una cifra muy alta declaró Alejandro Ceniceros Martínez, coordinador del Partido del Trabajo en Tamaulipas quien encabezó una rueda de prensa junto con la ex diputada local, María de la Luz Martínez.
Agregó que la suma de todos los recursos para programas sociales y proyectos prioritarios es de $575,000 millones, menor que los recursos que se destinan al pago del servicio de la deuda, de ahí que se han conformado la Promotora por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública en México.
Con presencia en 23 estados de la república y en proceso de expansión en diversos municipios, propone a la población y a las organizaciones mexicanas, hacer suya y suscribir la petición ciudadana para exigir que el gobierno federal suspenda el pago del servicio de la deuda pública por lo menos durante 2 años para reestructurarla y para implementar un programa emergente que nos saque de las crisis.
Asimismo, que el gobierno federal decrete la creación de una Comisión Auditora Ciudadana para saber en qué se usaron los créditos contraídos y permita averiguar que deudas son ilegitimas e inmorales,
CANCELAR EL FOBAPROA
El vocero del PT Tamaulipas ejemplificó el cado del FOBAPROBA/IPAB “que ya se pagó tres veces el capital inicial y actualmente se debe mas de un billón de pesos (el doble del original) lo cual es inconcebible”.
Por lo que también solicitan al Gobierno que cancele de inmediato la deuda del FOBAPROA/IPAB “por ser ilegitima y un robo descarado”.
Y un punto muy importante:
“Que los recursos derivados de la suspensión y/o cancelación de la deuda o del servicio de la deuda, se apliquen a la creación de fuentes de trabajo con empleos permanentes, en atención integral a la infancia, en salud, en educación, en abasto seguro del agua, electricidad y gas para los hogares, producción de alimentos y a los programas de apoyo al campo, a las mujeres y pueblos originarios.”
Esta petición se basa en el Derecho de Petición, consagrados en los Artículo 8 y 35 de la Constitución, “porque este país ya no puede estar pagando más y dejando en la miseria a millones de ciudadanos, si solamente de deuda rebasamos los 13 billones de pesos; casi el doble del presupuesto de egresos y mas del 50% del producto interno bruto.
Para estos efectos se implementan básicamente 3 métodos de promoción para suscribir la PETICIÓN CIUDADANA:
• Se establecen mesas en las diferentes plazas públicas del país.
• Se colocarán legajos en espacios públicos, oficinas y vecindades.
• Mediante formulario electrónico vía chat, Facebook y Twitter al siguiente enlace:
https://forms.gle/sEnbPepP6KvKKT2w9
Los datos se concentrarán y periódicamente se entregarán a los Ejecutivo Federal y Estatales y a los Ayuntamientos y Alcaldías, al Congreso de la Unión (Senado y Cámara) y a los Congresos Locales para su atención procedente conforme a la Constitución.
Esta jornada de lucha no tiene fines electorales y está en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales.
La Promotora por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública es parte es integrante del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegitimas-Nuestra América (CADTM-AYMA) con quienes se realizan acciones coordinadas en diferentes partes del mundo.
Por el bien de todas y todos: suspensión del pago de la deuda pública