Debido a que los índices de inseguridad, violencia familiar y de género que mantiene el país en estos momentos en varias estados son preocupantes, la diputada federal del PAN, Rosa González Azcárraga, solicitó en el pleno de la cámara baja reformar el artículo 79 de la ley general de víctimas con la finalidad de proteger a las niñas, niños y adolescentes por desplazamiento forzado dentro de México.
La presidenta de la comisión de asuntos migratorios del congreso de la unión, explicó que el desplazamiento en el país es un tema agudo, pues el 30% del total de las personas que están en esta situación son menores de edad y adolescentes.
Manifestó que la reforma al artículo arriba señalado tiene como fin esencial lograr una coordinación con la comisión ejecutiva nacional de atención a víctimas, las comisiones estatales y el Sistema DIF, entre otras dependencias, para ayudar a esta población que se ve forzada a abandonar su hogar o lugar de residencia a consecuencia de un conflicto (inseguridad derivado del crimen) violencia intrafamiliar o de género.
Remarcó que en este tema de desplazamiento forzado inciden otras problemáticas cómo abuso sexual, trata de personas, tráfico de órganos y hasta reclutamiento para las filas del crimen organizado.
«El desplazamiento interno tiene potenciales afectaciones específicas en niñas, niños y los adolescentes, y muchas veces son testigos de violaciones, homicidios, despojo de bienes, que generan traumas psicológicos, rechazo, pérdida de la confianza, orfandad, separación en la estructura familiar, todo ello afecta su desarrollo integral y ejercicio de sus derechos fundamentales», explicó
González, manifestó que la Secretaría de Gobernación, a través de la unidad de política migratoria, registro e identidad de personas, hizo público un diagnóstico de movilidad humana, que advierte un claro desplazamiento forzado en estados como Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Michoacán, Guerrero y Veracruz, que por su ubicación geográfica se caracterizan por tener flujos mixtos en movilidad.
«Es necesario garantizar un espacio digno para el debido resguardo de los menores de edad, atendiendo el interés de este sector poblacional al ser una responsabilidad del Estado, cuya obligación constituye la reparación integral de los daños causados a menores, especialmente derivados del crimen organizado», dijo en su proyecto de decreto.
