Ciudad Madero, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya se sumó al llamado que hizo la Fiscalía General de la República a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para mantener la vigencia de la supremacía constitucional en general y, en particular, del artículo 19 constitucional que prevé la prisión preventiva oficiosa, que pretende ser anulada.
«Me sumo plenamente a lo comentado de la necesidad de seguir teniendo la prisión preventiva oficiosa. Estamos totalmente de acuerdo», expresó el mandatario tamaulipeco ante la presencia de Germán Castillo Banuet, fiscal especializado de Control Regional de la FGR.
Al inaugurar la primera sesión ordinaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia de las Zonas Noreste – Noroeste, con la participación de las y los fiscales provenientes de diez estados del país, el gobernador de Tamaulipas afirmó que en un proceso tan complejo como el garantizar la seguridad y la justicia, «si falla uno, falla todo».
IMPUNIDAD GENERA DESCONTENTO Y DESCONFIANZA POR PARTE DE LA SOCIEDAD: GOBERNADOR
«Lo que nos llevó a padecer índices inaceptables de impunidad o a doblegar la acción de la justicia por las razones o intereses que fueren, pero todas totalmente reprobables, lo cual con toda razón genera descontento y desconfianza por parte de la sociedad», dijo.
Y afirmó: «Vender la justicia es una falta capital y en esas condiciones el derecho deja el lugar a la ley de la selva, con lo que se desfigura totalmente la posibilidad de alcanzar una convivencia en armonía y en paz».
Durante el evento celebrado este viernes, el fiscal Germán Castillo Banuet, quien asistió con la representación de Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, destacó la colaboración interinstitucional con el Gobierno de Tamaulipas en diversos casos de orden federal, así como en el aseguramiento y destrucción por la FGR de 177 vehículos de los denominados «monstruos» usados por la delincuencia organizada en contra de la sociedad.
«Tamaulipas es la entidad que más ha logrado destruir vehículos de esta naturaleza», destacó.
Castillo Banuet expuso que de enero de 2019 a febrero de 2024 en las Fiscalías de Procuración de Justicia Federal en la zona norte del país se judicializaron
32,316 carpetas vinculando a un proceso a 21,374 casos con 30,468 personas o imputados y el Ministerio Público logró un acuerdo con el Poder Judicial para sentenciar a 19,142 personas.
«Esto demuestra que sí hay consecuencias por el delito cuando juntos hacemos nuestro trabajo, cuando la ciudadanía denuncia y participa en los juicios en cualesquiera de las formas que la ley permite y cuando las policías y demás servidores públicos cumplimos con nuestro deber», puntualizó.
AGRADECE FISCAL APOYO INSTITUCIONAL DEL GOBERNADOR
Por su parte, Irving Barrios Mojica, fiscal general de Justicia de Tamaulipas, agradeció el apoyo institucional e incondicional que el gobernador Américo Villarreal Anaya ha dado a la Fiscalía del estado.
«Su decidida vocación, su compromiso con la sociedad de nuestro estado, de brindarle la seguridad y la tranquilidad necesaria para su buen desarrollo ha permitido la continuidad para su fortalecimiento, para entender la procuración de justicia como un elemento esencial para gozar de una sociedad de orden, paz y progreso que no permita la impunidad», mencionó.
Agregó que como resultado de este trabajo desarrollado conjuntamente con las instancias que conforman la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, en febrero de 2024, los indicadores de la incidencia delictiva en el estado, después de ocupar por muchos años los primeros lugares en el ranking a nivel nacional, incluso internacional, siguen ahora a la baja ubicando a Tamaulipas por debajo de la media nacional por cada 100 mil habitantes, reduciendo los índices en delitos de alto impacto como secuestro, homicidio doloroso, robo de vehículos y robo a casa habitación.
«Sabemos que falta mucho por hacer, pero vamos bien», afirmó.
En el acto protocolario también se contó con la presencia de Sara Quiñones Estrada, fiscal de Justicia de Sinaloa, en representación de la Zona Noroeste y del fiscal de Coahuila; Gerardo Márquez Guevara, en representación de la Zona Noreste, así como Alejandro Ramos Flores, fiscal general de Justicia Militar; la diputada Úrsula Salazar, presidenta del Congreso del Estado y el magistrado, David Cerda Zúñiga, presidente del Supremo Tribunal de Justicia.