En una resolución emitida este miércoles, el Poder Judicial de la Federación ordenó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) que acrediten en 24 horas que han realizado los trámites y gestiones para asegurar la participación de México en la prueba PISA 2025.
Esto, derivado de un amparo presentado por la organización Educación Con Rumbo (ECR) ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por el que se les concedió una suspensión definitiva.
En su comunicado, Educación con Rumbo afirmó que ya existe una «suspensión definitiva», pero la jueza Priego notificó el aplazamiento hasta el 27 de mayo de la audiencia incidental donde resolverá si concede dicha medida cautelar.
Mediante este recurso legal, el Poder Judicial concedió desde el pasado 7 de mayo a la asociación coordinada por Paulina Amozurrutia, que la SEP y Mejoredu lleven a cabo todos los trámites y gestiones a fin de garantizar que se realice la Prueba PISA en México en el 2025.
No obstante, por unanimidad, el pasado 20 de mayo, el Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa eliminó esta suspensión concedida por la Jueza Ana Luisa Priego, por lo que la organización Educación con Rumbo acusó que la SEP y Mejoredu incurrieron en desacato al no iniciar con los trámites para asegurar la participación del país en esta prueba aplicada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Pero el proceso legal continuó y la asociación especializada en educación, anunció que hoy se les fijó a las dependencias involucradas un lapso de 24 horas para acreditar que realizaron los trámites y gestiones ante la OCDE.
«Para garantizar la realización de la Prueba Pisa y en caso de incumplir se impondrá una multa de 100 veces la Unidad de Medida y Actualización», advirtió ECR.
El abogado constitucionalista Miguel Ángel Ortiz Gómez, colaborador de la organización, refirió que el Poder Judicial ha iniciado el proceso para hacer cumplir sus determinaciones, lo cual remarcó como urgente y necesario para salvaguardar el derecho humano a la educación, al señalar que el impacto de no llevar a cabo la prueba afectaría de manera directa a 24 millones de estudiantes y un millón de docentes.
«Al privarlos de contar con un diagnóstico objetivo del estado que guarda la educación en México a fin de implementar políticas públicas que permitan garantizar la mejora continua en la educación como lo establece la Constitución y el artículo 28 de la Convención sobre Derechos del Niño», expuso.
Por su parte, Paulina Amozurrutia, coordinadora nacional de ECR, consideró que resulta muy delicado que mientras en diversos países de la OCDE se han iniciado los trabajos de arranque y pilotaje de la Prueba Pisa, en México la sociedad civil y el Poder Judicial están exigiendo a las autoridades llevar a cabo los trámites para asegurar que la prueba Pisa se realice en el ejercicio 2025, a fin de que la siguiente administración cuente con los parámetros técnicos para elaborar el Programa Sectorial de Educación 2024-2030 con ayuda de organizaciones.