El campo mexicano se está despoblando de fuerza de trabajo. Tan solo en el último año, el número de trabajadores en la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca se redujo en 192 mil 419.
Al primer trimestre de 2024, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los 6 millones 367 mil 745 personas que se ocupan en actividades primarias representan 10.8 por ciento de la fuerza laboral en México, su menor proporción desde que hay datos comparables.
Un factor importante de la reducción de la población que trabaja en el sector primario, específicamente agrícola, se remonta al cambio de política económica desde finales de la década de 1980 y principios de 1990. El nuevo modelo de desarrollo económico, que se consolidó con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), rompió con el de corte nacionalista que desde el cardenismo se había aplicado en el campo, explicó en entrevista Agustín Rojas, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
Las prácticas de contratación abusiva y el rezago en el acceso a derechos laborales en el campo mexicano saltan en los datos reportados por Inegi, combinados con el número de trabajadores dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Al primer trimestre de 2024, el Inegi reporta que había 6 millones 367 mil 745 personas ocupadas en actividades primarias, menos de 13 por ciento estaba registrado como trabajador ante el IMSS. Si bien esta brecha se debe en parte a que muchos ocupados no reciben remuneración y su producción es más para autoconsumo, es una tercera parte del promedio para todos los ocupados del país, de 37.7 por ciento.
Rojas expone que con el TLCAN se aceleró el cambio de un modelo de autosuficiencia alimentaria a uno de ventajas comparativas. La política fue prácticamente tener que importar alimentos porque era más barato que producirlos, lo que no solo dio paso a un rezago en el aparato productivo del sector, y una baja de su contribución al producto interno bruto (PIB), sino a un cambio en la producción en respuesta a nuevos modelos de consumo.
México ha pasado a ser un importador de granos básicos, que tienen un paso central en la alimentación de su población, mientras su campo tecnificado se orienta a la producción de hortalizas y bayas, no tan usuales en el consumo de las familias mexicanas.
Con la pérdida de la soberanía alimentaria se dejó de reinvertir en el sector agropecuario y se dejó desamparado al campesino. De ahí la migración que, paradójicamente, salió del país a emplearse en el campo.
Actualmente –de acuerdo con investigadores del mismo instituto– 10 por ciento de los ingresos que perciben los hogares rurales del país provienen de actividades agrícolas, refiere el investigador. Así que la subsistencia para las familias de estos territorios no viene de las ocupaciones en el sector primario.
El Consejo Nacional Agropecuario ha pedido en campaña que México establezca un tipo de Programa Bracero para trabajadores de Centroamérica. Actualmente, enfrentamos la mayor escasez de mano de obra en décadas, enfatizó Aldo Mares Benavides, productor hortícola de Jalisco, durante un encuentro realizado a finales de abril.
El integrante del CNA consideró que, para cubrir el déficit que hay de trabajadores en el sector, este necesita hacerse más atractivo y para ello se propone un marco jurídico para regular a los reclutadores; dar seguridad social, salud y sistemas de cuidados; al tiempo que, mencionó, se puede incorporar de manera correcta y con acceso a estos derechos a población de Centroamérica.
Rojas considera que este tipo de iniciativas muestran que el sector agroindustrial está demandado fuerza de trabajo precarizada; población altamente marginada, con alto rezago social y más vulnerable a este tipo de empleadores. Explicó que, en general, los campesinos llevan las peores condiciones laborales, con salarios estacionales que les obligan a migrar para subsistir.
No tan presente en el sector agropecuario, o el forestal, el agrícola sí tiene esta dinámica de salarios a destajo y condiciones de contratación vulnerable. La precariedad en los ingresos de los campesinos, señala Rojas, está amortiguando el costo de las sequías, y demás efectos meteorológicos que barren las cosechas, al tiempo de alimentar a poblaciones urbanas.