La Ministra Loretta Ortiz admitió hoy a trámite la acción de inconstitucionalidad de la Oposición que cuestiona la reforma legal para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar (FPB).
Ortiz emplazó al Congreso y al Ejecutivo a rendir sus informes, sin que dicha admisión afecte la vigencia de la reforma impugnada.
Los legisladores pidieron a la Corte invalidar el decreto publicado el pasado 30 de abril, que mediante cambios a varias leyes obliga a enviar al FPB unos 40 mil millones de pesos acumulados en las Afores inactivas de mayores de 70 años para el régimen del IMSS, y de 75 años para el del ISSSTE, medida que se considera expropiatoria.
Esta es la principal fuente de financiamiento inicial para el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que pretende complementar los ingresos de quienes se jubilen en el régimen de las Afores, para que ganen al menos el salario promedio de cotización del IMSS, actualmente unos 16 mil pesos mensuales.
Algunos jueces han concedido suspensiones para que no se toquen los recursos acumulados en Afores individuales, pero la mayoría de los amparos contra el FPB han sido desechados o se han negado las suspensiones, pues los quejosos no han acreditado estar en el grupo que puede ser afectado.
Las demás fuentes de recursos para el Fondo son de dudosa solidez pues dependen de la extinción de fideicomisos judiciales con saldo de 16 mil millones de pesos, bloqueada por la Corte; de ahorros eventuales del gobierno, o de probables utilidades de paraestatales militares que actualmente requieren subsidios, y que tendrían que ser compartidas con las dependencias castrenses.
Sin estos recursos, el FPB terminará por necesitar dinero del presupuesto de egresos anual para funcionar, lo que anularía el propósito que animó la creación de las Afores en 1997.
La instrucción de este tipo de acciones–que requieren el voto de ocho Ministros para invalidar la norma reclamada–es relativamente rápida, pero Ortiz no tiene plazo para presentar su proyecto, que no estará listo antes de que el Congreso resuelva el futuro de la Corte al discutir, en septiembre, la reforma judicial propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Incluso, si esta reforma no es aprobada, el Ministro Luis María Aguilar se retira el 30 de noviembre, con lo que ya no existirá la mayoría de ocho que ha permitido anular varias reformas importantes del actual Gobierno.
La Ministra sólo tardó 10 días para admitir la acción luego que le fue turnada por la Presidencia de la Corte.
En contraste, Ortiz tardó seis meses en admitir otra acción contra la reforma legal de noviembre de 2023 que estableció fideicomisos militares para financiar el Tren Maya y los aeropuertos bajo control de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina.