¿Cómo se implementa el nuevo modelo policial en el estado de Tamaulipas con base en la estrategia nacional de la presente administración federal?. A través de este análisis, sabremos cómo se maneja la Secretaría de Seguridad Pública en la entidad, para entender de qué forma implementan el modelo policial o, si no lo implementan, ¿cuáles son los motivos y de qué forma trabajan en relación con la Policía Estatal Acreditable oficialmente?, que visiblemente se ubica con emblemas de “Guardia Estatal”.
Por lo que, al tener como referente al nuevo modelo policial en diferentes estados de la República Mexicana en la actualidad y qué impacto ha tenido en las instituciones de seguridad pública, así como dentro del Estado Mexicano. Asimismo, en este enfoque aportaremos una serie de propuestas para mejorar la seguridad en nuestra entidad federativa.
Si bien, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública propone que las tres órdenes de gobierno, en el marco normativo del artículo 21 Constitucional, tomen en cuenta las condiciones, los contextos y las necesidades locales para idear un modelo integral y transversal con enfoque en los derechos humanos, proximidad y donde resalte la participación ciudadana. Este modelo está encaminado a la construcción colectiva y la coordinación entre los cuerpos policiacos tanto federales, estatales y municipales, los cuales estarán estandarizados en términos de capacitación, profesionalización, certificación y dignificación policial.
Por otra parte, a pesar de lo establecido en el artículo 115 constitucional en su rango de “municipio libre”, inciso h), algunos municipios no tienen la autonomía de contar con policías locales porque estos fueron vinculados con los grupos delincuenciales y considerados grupos armados paralelos del crimen organizado, en algunas entidades como Tamaulipas disponen de policías estatales quienes se encargan de salvaguardar la integridad de los ciudadanos.
En este sentido, la estrategia de seguridad pública a nivel nacional subraya que “la policía más importante es la municipal, por su proximidad social y conocimiento del territorio. Nuestra apuesta será por el mejoramiento de los recursos humanos de estas corporaciones” (Gobierno de México, 2019, p.51).
Sin embargo, se resalta que tanto los elementos municipales como los estatales deben integrar dicho modelo con una calidad y competencia profesional mediante la capacitación en relación con su desempeño y responsabilidades; por lo que los 32 estados estarían alineados con el modelo, capacidades y acreditación de una serie de requisitos para su integración, contribuyendo así a las acciones de la coordinación interinstitucional de las tres órdenes de gobierno.
La finalidad de este modelo es encaminarse a la prevención de la violencia y la delincuencia con la participación ciudadana, tanto en el equipamiento como en la construcción de infraestructura física para poder hacer frente a los infractores, además de contar con bases de datos eficientes para la seguridad pública.
En lo que respecta a Tamaulipas, se desarrolló la “Plataforma Integral de Información de Tamaulipas (PIITAM)”. Creada en enero de 2018, contiene mapas interactivos y con información estadística relacionada con la incidencia delictiva, en los que se identifican los municipios y colonias con mayor actividad delictiva. Además, cuenta con documentos de análisis y estudios en materia de seguridad que contribuyen al desarrollo de políticas públicas encaminadas a mejorar la seguridad y facilitar la toma de decisiones (Gobierno de Tamaulipas, 2018, p.54).
Como todos sabemos, el gobierno de la república asumió la responsabilidad de actuar con toda la fuerza del Estado sin titubear, contra el crimen organizado, para establecer el orden y la paz delineados en el plan de desarrollo. Eje 1: Estado de Derecho y Seguridad y en el Programa Sectorial de Seguridad Pública. El objetivo de la seguridad pública siempre ha sido defender la integridad y derechos de las personas y preservar las libertades, el orden y la paz pública. Entre sus programas surgió el nuevo modelo policial federal, que restablecería el sentido original de la seguridad pública del Estado, que es “Proteger y Servir a la Comunidad”.
Además, este modelo servirá (establece el Plan Nacional de Desarrollo) como desarrollo para la profesionalización del mando policial, la modernización de centros penitenciarios que fortalezca el desarrollo de las condiciones adecuadas para la reinserción de los internos a la sociedad, el uso de tecnologías para la sistematización y aprovechamiento de información estratégica, el fortalecimiento de la coordinación de los mecanismos de los cuerpos de seguridad de los tres órdenes de gobierno, así como el fomento de la cultura de la legalidad y la prevención del delito mediante una capacitación constante, en concordancia y colaboración con la ciudadanía.
Como podemos ver brevemente, el propósito del modelo policial del gobierno es mejorar la seguridad pública para la ciudadanía, mejorándola y capacitándola cada día más para enfrentar al crimen organizado. Lamentablemente, este ha rebasado los límites de inseguridad en el Estado mexicano.
En las últimas décadas, la seguridad ha sido uno de los temas prioritarios para el Estado y una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. De acuerdo con los registro públicos, a cinco meses del nuevo gobierno, los homicidios alcanzaron su máximo nivel histórico, registrándose 8 mil 493 homicidios, un 9.6% más que en el mismo periodo de 2018, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado que con su estrategia de seguridad, con la Guardia Nacional, el índice de delincuencia disminuyó después de su implementación.
No obstante, el periódico El País nos dice que los últimos datos sobre asesinatos han revelado que la región más violenta del país es el Estado de Guanajuato (occidente de México). Allí, las disputas entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima han resultado en el homicidio de 947 personas en el primer trimestre de 2019, según datos oficiales.
Y además, resalta que, la configuración de los cárteles mexicanos va más allá del tráfico de drogas, que los popularizó en otra época, y se ha extendido a la diversificación de crímenes como la extorsión y el secuestro. En esa misma región, el Gobierno de López Obrador ha emprendido operativos para detener el robo de combustible, una de las fuentes de financiación de los grupos criminales.
La apuesta de López Obrador se concentra en la defensa contra los grupos criminales con la Guardia Nacional y en el fortalecimiento del tejido social a través de diversos programas sociales que entregan recursos —generalmente en efectivo— a diversos grupos vulnerables entre los mexicanos.
“En la medida que se vayan consolidando los programas sociales, en esa medida va a empezar a cambiar mucho el ambiente y se van a ir aislando los grupos de delincuentes, se van a quedar sin base social”, ha explicado el presidente (Corona, 2019).
Podemos analizar que el nuevo modelo policial es eficaz en su esencia, ya que, con el programa de participación ciudadana, la seguridad tiene más acercamiento y apoyo por parte de la sociedad. Los nuevos programas de “colonia segura” y “asociación vecinal” trabajan en conjunto en la prevención del delito. Sin embargo, si vemos la otra cara de la moneda, el gobierno y la sociedad se enfrentan contra un cáncer que ha rebasado los límites del gobierno, saliéndose de su control, mejor armados en cuanto a tecnología y armamento, y se han apoderado casi de todo el Estado mexicano. El país pasa por una de sus peores crisis en cuanto a corrupción y crimen organizado.
PREVENCIÓN DEL DELITO
Como prevención del delito en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, se resalta una amplia política de prevención y participación. Puesto que es mediante estos dos ejes por los cuales se puede hacer frente a los grupos que generan violencia y el restablecimiento de los derechos promoviendo el bienestar de la sociedad. Se tiene claro que, para los problemas de inseguridad, la reconstrucción de la legitimidad en las instituciones que se encargan de coordinar la seguridad pública y la impartición de justicia ante la población deben generar acciones preventivas que vayan directamente a la desarticulación de los actos delictivos.
La política de prevención, según el Gobierno de México (2019, p.54), facilita el acceso de las personas a salud, educación, trabajo y vivienda, entre otros satisfactores; promueve la cultura de la legalidad y la ética pública, así como la movilización de la comunidad en torno a la solución pacífica de sus conflictos y problemas de inseguridad. También permite sentar las bases para la reconciliación entre la sociedad y las instituciones encargadas de brindar seguridad y procurar e impartir justicia.
Por otra parte, paralelo a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública para hacer frente a la criminalidad, el Gobierno de Tamaulipas (2018, p.53) tiene el firme compromiso de reducir los delitos en la entidad, a fin de construir un entorno de paz y armonía para la ciudadanía. Por ello, se establecen estrategias encaminadas a prevenir los delitos.
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública como política criminal se enfoca esencialmente en el combate a la corrupción dentro de las filas de las corporaciones policiales, pero también en la profesionalización. Otro aspecto que resalta es el reconocimiento de que el crimen organizado ha sobrepasado las instituciones y que la vía correcta y efectiva no es hacer frente a una denominación de “guerra contra las drogas”, sino más bien implementar políticas públicas en materia de salud, así como acciones de prevención donde resalta la participación ciudadana como eje principal.
Además, fortalecer el cumplimiento del artículo 21 constitucional, en el que los municipios deben hacerse responsables y formar parte de la política contra la criminalidad, puesto que así se les faculta en el artículo 115 constitucional, inciso h. A pesar de tener la autonomía para la seguridad pública en algunos estados, los municipios están limitados. Sin embargo, con la política de seguridad pública para abatir la criminalidad, profesionalizando a los servidores públicos en materia de prevención del delito con la policía en acciones de proximidad, así como la capacitación sobre las responsabilidades, se espera un mejor rumbo para el fortalecimiento de las instituciones al momento de implementar acciones y sanciones a los infractores de algún tipo de delito.
Quizás el propósito del Estado Mexicano sea erradicar la corrupción y el crimen organizado, porque el nuevo modelo policial que implementa el gobierno, en mi punto de vista, está muy completo. No obstante, el problema es que el gobierno político está en este momento en guerra; los senadores y diputados están divididos y no dejan que el nuevo gobierno muestre su forma de trabajar. Mientras haya desacuerdos internos dentro de la Cámara de Diputados y Senadores, y le den la espalda al gobierno federal, el crimen organizado seguirá avanzando. Así haya miles de estrategias para combatirlo, mientras ellos no lleguen a un acuerdo, de nada servirán los planes de desarrollo y estrategias que traiga cada gobierno. Lamentablemente, la ambición de poder de estos políticos, que la mayoría de ellos son corruptos y algunos están vinculados al crimen organizado, no piensan en el bienestar de la ciudadanía ni del país, ni tampoco valoran los esfuerzos ni las vidas que se pierden de los policías que a diario salen a combatir el crimen organizado en las calles. Ellos son los que diariamente dan la cara, con los pocos recursos que el gobierno les proporciona para hacer frente al crimen.
Se habla del modelo policial como muy eficaz y con buenos resultados, pero mientras no se limpie el gobierno de funcionarios públicos corruptos y ambiciosos, este nuevo modelo no va a funcionar. Como prueba están los medios de comunicación y redes sociales, que solo hablan de corrupción y crimen en la mayor parte del país. La pregunta es: ¿está funcionando el modelo policial en el país?.
Y la respuesta la tiene la sociedad, los medios de comunicación y la impotencia de los comandos policiales que solo están para obedecer reglamentos y proteger a la ciudadanía con los pocos recursos que tienen a la mano.
Las mejoras que se pueden hacer son limpiar los organismos de gobierno, desde federal, estatal y municipal, de funcionarios corruptos y ambiciosos. Recordemos que los manuales para la prevención del delito, todos son buenos; los planes de desarrollo y estrategias que propone cada nuevo gobierno, si los analizamos, todos son buenos. Los malos son los funcionarios públicos que desvían los recursos destinados a erradicar el crimen. Mientras no se limpie el gobierno de funcionarios corruptos, el crimen seguirá avanzando cada día más, y el país se irá directo a la quiebra, y los perjudicados seremos, como siempre, la sociedad.
* El Autor es Master en Ciencias Administrativas con especialidad en relaciones industriales, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Seguridad Pública, Periodista investigador independiente y catedrático.
Referencias
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