El Gobierno de México ha anunciado que la Fiscalía General de la República (FGR) iniciará una investigación propia sobre el arresto de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, fundador del Cartel de Sinaloa, en Estados Unidos. La captura de Zambada, de 76 años, ha generado muchas preguntas y especulaciones. La falta de claridad ha tensado las relaciones bilaterales debido a sospechas de una posible violación de la soberanía mexicana para lograr la detención del conocido narcotraficante.
La administración de Andrés Manuel López Obrador, que no participó en la captura y fue informada solo después del hecho, ha mantenido la calma, evitando llegar a conclusiones precipitadas hasta obtener más información. Este lunes, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, comentó que el Gobierno mexicano solicitó un informe al Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la detención tanto de Zambada como de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.
En respuesta, las autoridades estadounidenses enviaron un documento que confirma que Guzmán López consideró entregarse. Sin embargo, no está claro cómo Zambada abordó el avión o si llegó a un acuerdo similar con la justicia estadounidense. La FGR, en busca de respuestas, tiene previsto entrevistar a testigos del arresto y a los abogados de los involucrados para obtener un panorama completo de la detención.
El arresto de Zambada fue sorpresivo, ya que no había pisado una cárcel en más de cinco décadas. Su caída ha suscitado preocupaciones sobre posibles enfrentamientos violentos dentro del Cartel de Sinaloa, especialmente entre los seguidores de Zambada y los ‘Chapitos’, herederos de Guzmán. En respuesta a estas tensiones, la Secretaría de la Defensa Nacional ha desplegado 400 efectivos en Culiacán, la capital de Sinaloa.
Frank Pérez, abogado de Zambada, afirmó que su cliente no negoció su entrega y fue «secuestrado» por Guzmán López. Esta versión de los hechos, según Pérez, plantea que Zambada fue forzado a subir al avión y trasladado a Estados Unidos en contra de su voluntad. Ante estas declaraciones y el hermetismo de las autoridades, el caso de Zambada continúa siendo un misterio con serias implicaciones diplomáticas y políticas.
Con la investigación en marcha, México espera arrojar luz sobre uno de los arrestos más polémicos en la lucha contra el narcotráfico. La próxima audiencia de Zambada está programada para el 1 de agosto, donde se esperan más detalles sobre su situación legal. El resultado de esta indagatoria podría redefinir las estrategias en la cooperación internacional contra el crimen organizado.
