La relatora especial de Naciones Unidas sobre independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, ha expresado su profunda preocupación por la iniciativa de reforma judicial del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta propuesta, que Morena busca aprobar en septiembre próximo, podría tener implicaciones significativas para el sistema judicial de México.
En una carta fechada el 29 de julio desde Ginebra, Suiza, Satterthwaite comunicó al Gobierno mexicano sus comentarios sobre la iniciativa. El plan del Presidente López Obrador pretende que todos los jueces del país, así como el tribunal disciplinario que los vigilará, sean elegidos por voto popular.
«Las iniciativas propuestas podrían impactar directamente en el funcionamiento de la judicatura al someter el mecanismo de selección de jueces a un procedimiento en el cual las consideraciones políticas podrían fácilmente superponerse a los méritos objetivos de un candidato», señala Satterthwaite. Además, estas preocupaciones se agravan en el contexto de desconfianza que podría existir debido a alegaciones de corrupción, tráfico de influencias y falta de mecanismos efectivos para la participación de la sociedad civil.
La relatora también destacó que la iniciativa no establece mecanismos independientes para verificar si los candidatos cumplen con los requisitos de formación, aptitud e integridad. En su lugar, se deja esa función a un órgano político como el Senado. Además, no se establece un mínimo de votación popular para que la elección sea válida.
Otra de las preocupaciones de Satterthwaite es la remoción de casi 1,800 jueces y magistrados federales para ser reemplazados por los electos popularmente, la reducción de salarios del personal judicial para ajustarlos a los que determine el Presidente de la República, y la alineación de los periodos de jueces, magistrados y ministros de la Corte con los plazos sexenales.
«Durante los periodos electorales, los votantes podrían ser influenciados por la retórica política y la campaña partidista, lo cual podría llevarlos a alinearse con la selección de un juez que comparta su preferencia política en lugar de una selección basada en la competencia e integridad de los candidatos a jueces», sostuvo Satterthwaite.
La relatora también criticó la propuesta de facultar al Tribunal de Disciplina Judicial para sancionar a jueces basándose en criterios vagos como «cuando sus decisiones no se adhieran a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia, así como asuntos determinados por la ley». Satterthwaite señaló que esto es contrario a los estándares internacionales y reprobó que las decisiones de dicho tribunal serían definitivas e inapelables.
Margaret Satterthwaite, quien responde al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ya había advertido en abril pasado sobre los constantes ataques verbales de López Obrador contra el Poder Judicial.
