La expulsión del personal de la embajada argentina de Venezuela marcó un nuevo hito en la cada vez peor relación entre los Gobiernos de Javier Milei y Nicolás Maduro, que había comenzado el año con una serie de incidentes diplomáticos.
«Nosotros no vamos a callar, porque es una tremenda amenaza la llegada de un extremista de derecha, con un proyecto colonial, absolutamente colonial, arrodillado al imperialismo norteamericano», fueron las primeras declaraciones de Maduro el día posterior al triunfo electoral de Milei en noviembre pasado.
Para su asunción del 10 de diciembre, el político ultraliberal decidió no invitar a su homólogo venezolano, a quien describió como un «socialista empobrecedor», y no enviar un embajador a Caracas.
Tras décadas de sintonía entre ambas naciones -desde el vínculo entre los ya fallecidos Néstor Kirchner (2003-2007) y Hugo Chávez (1999-2013) hasta la participación de Alberto Fernández (2019-2023) en contactos pro diálogo en Venezuela-, Milei y Maduro encarnan ahora un duelo ideológico y sin freno en lo discursivo.
Crisis aérea
El primer incidente de peso llegó a menos de un mes de la llegada de Milei al poder, con la orden de la Justicia argentina del decomiso, previamente solicitado por Estados Unidos, de un avión venezolano retenido en el país desde su aterrizaje en junio de 2022 con tripulantes venezolanos e iraníes sospechosos de espionaje.
Pese a las objeciones y amenazas de Caracas, el 12 de febrero, el Boeing 747-300M Dreamliner de carga, que fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenecía a Emtrasur, filial de la aerolínea venezolana Conviasa-, partió rumbo a Estados Unidos.
Días antes, un diplomático venezolano había abandonado Argentina al ser declarado persona no grata tras acercarse a fotografiar la aeronave previo a su partida.
Las amenazas del Gobierno venezolano se materializaron el 12 de marzo, con la prohibición del espacio aéreo de su país a aeronaves procedentes o rumbo a Argentina, medida que continúa vigente.
Ese día, El Gobierno argentino informó del inicio de acciones diplomáticas contra «el Gobierno del dictador Maduro» en el ámbito de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), por «violar el Convenio sobre Aviación Civil Internacional», conocido como Convenio de Chicago (1944).
Opositores asilados
El 20 de marzo la tensión escaló cuando Argentina brindó asilo en su sede diplomática en Caracas a seis opositores al Gobierno de Maduro.
Tras conocerse esta situación, el Ejecutivo argentino denunció cortes en el suministro de electricidad de la residencia de la embajada y advirtió al venezolano «sobre cualquier acción deliberada que ponga en peligro la seguridad del personal diplomático argentino y de los ciudadanos venezolanos bajo protección».
El Gobierno de Maduro no accedió a los intentos de las autoridades argentinas por obtener un salvoconducto para los opositores, que actualmente continúan alojados en el edificio, desde este jueves con bandera brasileña.
Denuncia en la CPI y elecciones
El tercer capítulo de esta saga ocurrió el 19 de julio, cuando el Ejecutivo de Milei comunicó a la Corte Penal Internacional (CPI) su decisión de reincorporarse a la denuncia contra Venezuela ante ese tribunal interpuesta en 2018 por varios países y de la que se había retirado en 2021, durante el Gobierno de Alberto Fernández.
«Esta decisión es congruente con las acciones y declaraciones que el Gobierno argentino ha venido adoptando desde el 10 de diciembre de 2023 frente al deterioro de la situación política y de derechos humanos en Venezuela», argumentó la Cancillería, en un contexto de elevada tensión en la antesala de los comicios celebrados el 28 de julio en el país caribeño, incluyendo acusaciones de «dictador» a Maduro por parte de Presidencia.
El pasado lunes, tras el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano de la reelección del mandatario y las denuncias de fraude por parte de la oposición, Milei afirmó que «ni Maduro se cree la estafa electoral que festeja».
Su respuesta fue ordenar la expulsión de diplomáticos argentinos y de otros seis países de la región en rechazo a sus «injerencistas acciones y declaraciones» sobre los comicios, seguido de lo que Buenos Aires describió como «hostigamiento» a su embajada.
El jueves, el personal diplomático abandonó Venezuela y Brasil asumió la custodia de los intereses argentinos y la protección de los opositores asilados. Mientras tanto, el Gobierno de Milei hizo votos para que sus representantes retornen pronto a «una Venezuela libre y democrática».
