Con la reforma a la Constitución de la Ciudad de México en materia de propiedad privada, publicada ayer por el gobierno capitalino, se evita que “el actual Poder Judicial” pueda realizar interpretaciones de las normas locales en favor de “los grupos económicos más poderosos” y se revierte una parte del andamiaje jurídico e ideológico del neoliberalismo, afirmó el jefe de Gobierno, Martí Batres.
El morenista, quien publicó la reforma al artículo tercero de la Constitución de la capital mediante la cual se homologa el principio de propiedad privada acorde con el artículo 27 de la Constitución federal, afirmó que, con ello, no sólo se protege la propiedad privada, sino la propiedad pública y la propiedad social, “acorde con los valores de la cuarta transformación”.
“Ante la falta de claridad estamos en riesgo, en cualquier momento, de que el actual Poder Judicial, en algunas de sus instancias, juzgados de distrito, tribunales o Suprema Corte, pueda interpretar nuestras normas constitucionales en favor de los grupos económicos más poderosos, haciendo a un lado el artículo 27 de la Constitución”, indicó.
“Quedan establecidas las bases para un desarrollo justo, armónico, con acento social, que reconozca la supremacía de lo público sobre cualquier interés particular en la Ciudad de México”, aseveró.
“Como ese riesgo existía, consideramos muy importante, muy pertinente, dejar claro de cualquier manera, de forma inequívoca, que el precepto que nos guía en la Ciudad de México en materia de propiedad es el que señala el artículo 27 de la Constitución”, aseveró Batres.
De acuerdo con el jefe de Gobierno, este riesgo fue advertido por Pablo Gómez, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, quien escribió un estudio, publicado en la revista Memoria, en el que hace una crítica de diversas contradicciones de la Constitución de la capital.
Antes de la reforma el inciso «a» del Artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México, que trata de los principios rectores en la capital, sólo mencionaba “el respeto a la propiedad privada”.
Con la modificación ahora dice “el respeto a la propiedad en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
“Esta contradicción, esta falla y los riesgos que implicaba para defender el interés público en la Ciudad de México fue advertida con mucha oportunidad o inmediatamente por Pablo Gómez Álvarez quien escribió un estudio publicado en la revista Memoria donde hace una crítica de diversas contradicciones de la Constitución Política de la Ciudad de México y comienza con su observación a este precepto introducido entre los principios rectores de la Constitución política local”, expresó Batres.
El Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.
Y también agrega la posibilidad al Gobierno de hacer expropiaciones sólo por causa de utilidad pública y mediante indemnización.
Durante la publicación de la Reforma en Materia de Propiedad Privada, Pública y Social, Batres felicitó al Congreso de la Ciudad de México por la reciente conformación de la Tercera Legislatura, agradeció que autorizaran la reforma y pidió que se apresuren a instalar las comisiones y comités porque en lo que queda de septiembre enviará más reformas de ley.
