Matamoros, Tamaulipas.- En seguimiento a las acciones de protección ambiental en la frontera norte, personal de la Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas (PAUT), en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), realizó un recorrido de supervisión en la margen del río Bravo, luego de la explosión de un cohete de una empresa en territorio estadounidense.
El incidente, ocurrido durante un intento de despegue en la base de lanzamiento ubicada en Boca Chica, Texas, generó la dispersión de fragmentos metálicos y otros residuos presuntamente pertenecientes a la estructura del artefacto. Algunos de estos restos cayeron en predios localizados en el lado mexicano del río.
El procurador, Ramiro Lozano González informó que durante la inspección, se constató que no había materiales visibles en la zona, ya que fueron recolectados previamente por autoridades de los tres órdenes de gobierno. Asimismo, se realizó un recorrido en la playa Bagdad y la desembocadura del río Bravo, donde se confirmó que no hubo afectaciones a fauna marina ni terrestre.
En el marco de estas acciones, representantes de la PAUT y la SEDUMA sostuvieron una reunión de trabajo con personal de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), con el propósito de evaluar posibles impactos derivados del incidente en territorio nacional.
Lozano González agregó que los restos recuperados fueron puestos bajo resguardo del Gobierno Municipal de Matamoros y serán analizados por un laboratorio especializado para determinar su composición y posibles riesgos al medio ambiente.
La PAUT reafirma su compromiso con la vigilancia ambiental y la atención oportuna ante cualquier situación que represente un riesgo para el ecosistema. Asimismo, mantiene su disposición para continuar trabajando de manera coordinada con dependencias federales, estatales y municipales, tal como lo establece la política ambiental del gobierno de Tamaulipas encabezado por Américo Villarreal Anaya.
