Tamaulipas vivió hoy una jornada histórica con la renovación total del 100 por ciento de su Poder Judicial en una única sesión solemne que estuvo encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya y el pleno del Congreso del Estado de Tamaulipas quienes formalizaron la investidura de la nueva estructura judicial.
«Hoy es un día que marca un hito en la historia de nuestra entidad; somos el primer Estado en democratizar su poder judicial y con esta renovación total, Tamaulipas le da la bienvenida a magistrados y jueces que son, primero que todo, altamente preparados y, lo más importante, electos por la ciudadanía”, señaló la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal
La ceremonia se llevó a cabo en el Polyforum de Ciudad Victoria; en el acto, asumieron sus cargos 10 magistraturas de número, una supernumeraria, tres magistraturas regionales, cinco del Tribunal de Disciplina Judicial, además de 108 jueces de primera instancia y 20 jueces menores.
A partir del 1 de octubre, la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia recaerá en Tania Contreras López.
La designación de Contreras López al igual que el resto de las magistradas y juzgadoras, también representa un avance significativo en la participación de las mujeres en espacios de alta responsabilidad pública. Su llegada a la presidencia del máximo tribunal es vista como un paso firme hacia la inclusión, la igualdad de género y el fortalecimiento de la justicia en Tamaulipas.
La alcaldesa que atestiguó este hecho sin precedentes, subrayó la trascendencia democrática del evento para la justicia en la entidad.
Canturosas Villarreal, hizo un llamado a todos los magistrados y jueces a que asuman este encargo histórico con el más alto profesionalismo, cumpliendo a cabalidad con la confianza que hoy depositan los tamaulipecos en este nuevo sistema de justicia.
La renovación del Poder Judicial en una sola jornada, asumiendo la promesa de legalidad, eficiencia y transparencia, consolida un precedente en la entidad que, según las autoridades, busca acercar la administración de justicia a la población y garantizar la probidad de quienes la imparten.
