El Congreso Local tamaulipeco acordó pedir a la Fiscalía General de la República una investigación en contra del exgobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca y demás involucrados, en el decomiso de pipas, tractocamiones y combustible de presunto orígen ilícito, ejecutados durante su administración en forma irregular.
En su sesión plenaria de este martes, la 66 Legislatura local, con 27 votos a favor y 5 en contra de los diputado panistas, aprobó un Punto de Acuerdo, presentado por el diputado Humberto Armando Prieto Herrera, en representación de las y los integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA y del Partido del Trabajo.
El acuerdo aprobado exhorta a la Fiscalía General de la República (FGR) a iniciar investigaciones sobre posibles responsabilidades derivadas de la creación y operación del Servicio de Administración Tributaria del Estado, durante el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
En la exposición de motivos de la acción legislativa, se detalla que dicho órgano, implementado en 2020 como una instancia desconcentrada de la Secretaría de Finanzas estatal, habría operado fuera del marco legal, duplicando funciones de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Administración, e invadió facultades federales exclusivas en materia de comercio exterior.
“Su implementación no solo fue ilegal por invadir facultades y violar la Ley de Coordinación Fiscal, sino que además duplicó la estructura de la Secretaría de Finanzas e interfirió con las facultades propias de la Secretaría de Administración”, resaltó Prieto Herrera.
Según la iniciativa, estas acciones derivaron en operativos ilegales, incluyendo revisiones de transporte de hidrocarburos y mercancías, los cuales se realizaron sin sustento legal y generaron presuntas irregularidades que afectaron a empresas y ciudadanos.
“La implementación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Tamaulipas, en el año 2020, tenía como finalidad, aunque de manera ilegal, convalidar los operativos en materia de comercio exterior que realizaban, sin sustento legal, la Secretaría de Finanzas y la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno estatal desde 2019”, precisa la propuesta.
Entre el 15 y el 18 de noviembre de ese año -abunda- embargaron 15 pipas y ocho tractocamiones que transportaban 444 mil litros de combustible, bajo la simple sospecha de contrabando.
El Punto de Acuerdo aprobado solicita específicamente que la FGR investigue posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, uso indebido de facultades, encubrimiento de delitos fiscales, contrabando de hidrocarburos, extorsión y otros relacionados, atribuibles al exgobernador y a quienes resulten responsables.
El diputado Prieto Herrera señaló que la iniciativa busca garantizar la rendición de cuentas y fortalecer el Estado de derecho, subrayando que “la creación de instituciones públicas debe responder al interés general y cumplir con la legalidad, no servir para fines particulares”.
El acuerdo entró en vigor a partir de su aprobación y será remitido formalmente a la FGR para el inicio de las investigaciones correspondientes.
