CDMX.- El Senado de la República aprobó la Ley General contra la Extorsión enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que considera penas para este delito de alto impacto que van 15 a 25 años de prisión con agravantes por cobro de piso, uso de menores, migrantes y adultos mayores, así como penas si un servidor público con facultades se abstenga de investigar u omita denunciar.
La senadora por Tamaulipas Olga Sosa Ruíz, señaló que, con esta Ley las 32 entidades federativas tendrán que homologar la tipificación y las sanciones de este delito grave, y además se perseguirá de oficio, “esta ley dará un marco legal más robusto para fortalecer la coordinación, la inteligencia y los protocolos para atención y protección de las víctimas”.
El dictamen aprobado por el Senado tipifica las modalidades de la extorsión, directa, indirecta o telefónica, siendo la última la más frecuente. El secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que el 56% de las extorsiones provienen de los penales, y como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se han bloqueado el 33% de las líneas telefónicas.
La senadora Sosa Ruíz informó que uno de los agravantes es que alguien ingrese a un centro penitenciario con dispositivos para permitir la transmisión de datos, voz, geolocalización, y equipo telefónico con penas de 6 a 12 años de prisión; “esta es una reforma que previene, investiga y sanciona” señaló.
Adicionalmente al marco penal unificado, la Ley contempla mecanismos de protección de las víctimas al crear el Centro Nacional de Atención a Denuncias Por Extorsión, encargado de recibir, registrar y dar seguimiento a los casos.
La ley fortalece la marcación al 089 como línea segura para denunciar extorsiones, recibir orientación especializada y bloque de las líneas telefónicas utilizadas para perpetrar el delito; dentro de los resultados de la estrategia iniciada el 6 de julio por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han recibido más de 80 mil llamadas y gracias al protocolo de actuación, 62 mil han sido frustradas, evitando su consumación.
El delito de extorsión no solo genera un daño psicológico y patrimonial a las personas, genera inestabilidad a las familias y modifica la convivencia de comunidades. Este nuevo marco legal representa un avance significativo en la política de seguridad, priorizando el combate a las redes de extorsión y protegiendo a las víctimas.
