Columna Opinión Económica y Financiera.
«BALANCE DEL 2025: URGENCIA DE CAMBIAR EL MODELO»
Dr. Jorge A. Lera Mejía
Especialista en políticas públicas.
México se encuentra al cierre de 2025 en una fase clara de estancamiento económico: pérdida masiva de empleos, PIB cercano a cero, inversión en mínimos y un nearshoring que no logra convertirse en motor de crecimiento.
La coyuntura exige un giro de política económica que pase del asistencialismo fragmentado a una agenda de inversión, productividad y empleo formal, significa, que México está ante la disyuntiva urgente de cambio del actual modelo económico.
1. Diagnóstico: empleo y PIB en zona crítica
En noviembre de 2025 se perdieron alrededor de 1 millón 58 mil empleos, concentrados en la economía informal y afectando principalmente a mujeres, lo que refleja la fragilidad del mercado laboral y la precariedad de la estructura productiva.
Al mismo tiempo, el PIB cayó 0.3% trimestral en el 3T de 2025 y apenas acumula entre 0.2% y 0.4% de crecimiento anual, confirmando un escenario de estancamiento con riesgo de recesión técnica.
2. Inversión en mínimos: capital físico y nearshoring
La inversión fija bruta mantiene caídas trimestrales en 2025, con descensos cercanos a 3.4% al inicio del año y un deterioro que coloca la inversión pública y en bienes de capital entre los niveles más bajos de la última década.
La IED ligada al nearshoring es relevante en monto, pero insuficiente para detonar un nuevo ciclo de crecimiento: se prevé que la inversión extranjera directa para 2025 ronde 33 mil millones de dólares, 10.5% menos que en 2024, lo que revela falta de certeza regulatoria, energética y de infraestructura.
3. Rasgos estructurales del estancamiento
El patrón se resume en una combinación tóxica: bajo crecimiento, destrucción o estancamiento de empleo formal, informalidad alta y débil formación de capital, lo que limita la productividad y el ingreso per cápita.
A ello se suma un contexto internacional adverso (mayor incertidumbre comercial con Estados Unidos y endurecimiento de reglas del TMEC) que reduce la confianza inversora y demora decisiones de relocalización productiva.
4. Agenda inmediata (2026‑2027): propuestas de choque
Reactivar inversión pública productiva:
Reorientar gasto desde programas de bajo impacto hacia un plan nacional de infraestructura (carreteras, logística, agua, energía limpia) con criterios de rentabilidad social y económica, priorizando regiones con potencial de nearshoring.
Establecer una regla de piso mínimo de inversión pública (por ejemplo, no menos de 4% del PIB en capital físico) protegida de recortes discrecionales.
Destrabar la inversión privada y el nearshoring:
Acuerdos de certidumbre regulatoria en energía, Estado de derecho y respeto a contratos, ligados a metas de inversión y empleo por parte de empresas ancla.
Programas de “corredores de proveeduría” en los estados fronterizos e industriales para integrar MiPyMEs a cadenas globales, con financiamiento, garantías y simplificación fiscal.
Defensa urgente del empleo formal:
Estímulos temporales a la nómina (reducción de cuotas o créditos fiscales condicionados a no despedir y a convertir empleos eventuales en permanentes) en sectores intensivos en trabajo como servicios, construcción y manufactura.
Programas de reconversión laboral rápida (bootcamps técnicos, certificaciones exprés) vinculados directamente con vacantes de la industria exportadora y logística.
5. Agenda de fondo (hacia 2030): productividad e inclusión
Nuevo pacto por la productividad:
Fijar metas plurianuales de crecimiento del PIB (≥2.5% anual), de inversión total (≥23% del PIB) y de creación de al menos 1 millón de empleos formales por año, monitoreadas por un consejo independiente.
Impulsar una reforma fiscal gradual que amplíe la base tributaria y sustituya gasto ineficiente por inversión en infraestructura, salud y educación de calidad, condición para elevar la productividad de largo plazo.
Estrategia regional de desarrollo y seguridad:
Articular políticas de inversión y empleo con estrategias de seguridad y fortalecimiento institucional en estados más afectados por violencia y extorsión, para reducir el “impuesto criminal” que frena la inversión.
Crear fondos regionales de competitividad para municipios fronterizos e industriales (Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Bajío) que combinen recursos federales, estatales y de IED dirigidos a parques industriales, logística y capacitación dual.
Un país que pierde más de un millón de empleos en un mes, crece apenas 0.3% y deja caer su inversión a mínimos de una década no está ante una turbulencia coyuntural, sino frente a una encrucijada de modelo de desarrollo; la alternativa es construir una agenda de inversión, formalización y productividad que convierta el nearshoring y la renegociación del TMEC en palancas de un nuevo ciclo de crecimiento incluyente.
