Columna de Opinión Económica y Financiera
*REMESAS EN RETROCESO: ¿QUÉ SIGUE PARA MÉXICO Y TAMAULIPAS*?
Dr. Jorge Alfredo Lera Mejía. Especialista en políticas públicas, Migración y Remesas.
La racha de ocho caídas consecutivas de las remesas en 2025 marca un punto de inflexión para México, porque se debilita su segunda fuente de divisas justo cuando el PIB está estancado y se destruyen empleos formales e informales.
Esta pérdida de dinamismo golpea el consumo popular y anticipa un aumento de pobreza, desigualdad territorial y presiones sobre los programas sociales, efectos que serán más visibles en 2026.
En este escenario, los programas de trabajo temporal en Estados Unidos y Canadá (H‑2A y H‑2B) pueden funcionar como paliativos, pero no sustituyen una estrategia interna de generación de empleo e ingreso en las regiones más dependientes de remesas.
En términos macroeconómicos, las remesas de noviembre de 2025 ascendieron a 5,125 millones de dólares, 5.7% menos que un año antes, y entre enero y noviembre sumaron 56,469 millones, una caída cercana a 5.1% anual que rompe una década de crecimiento continuo.
La apreciación del peso y la inflación interna reducen alrededor de 17% el poder de compra real de estos recursos, configurando un doble choque: menos dólares enviados y menor capacidad de compra por cada dólar recibido.
Dado que los hogares receptores se concentran en los deciles de menor ingreso, el ajuste se traduce en recortes directos en gasto de alimentos, salud, educación y vivienda, especialmente en zonas rurales y periurbanas.
Entre las causas estructurales destacan el endurecimiento migratorio y las redadas en Estados Unidos, la mayor vigilancia financiera y un mercado laboral menos favorable para trabajadores de baja calificación, que reduce horas trabajadas y estabilidad de los migrantes mexicanos.
La «frontera cerrada» implica menos entradas nuevas y más retornos, con lo que se estanca o disminuye la base de migrantes que históricamente sostiene los flujos de remesas.
Bajo estas condiciones, las remesas dejan de ser un motor de expansión y se convierten en un amortiguador insuficiente frente a la falta de crecimiento del PIB y la pérdida de empleos en México.
Las proyecciones apuntan a un cierre de 2025 en torno a 61,700 millones de dólares, con una disminución anual de 4.7–5%, sin señales de un cambio rápido en la política migratoria estadounidense.
Se configura así un «triángulo de riesgo»: menos remesas, menos empleo y frontera cerrada, que deriva en caída del consumo local, más informalidad y potenciales tensiones sociales en municipios expulsivos y fronterizos.
Este panorama exige una agenda integral que combine política migratoria laboral externa con políticas internas de desarrollo productivo y protección social.
*Propongo tres líneas de acción*
Primero, fortalecer y ampliar los canales de migración laboral regulada (Visas Temporales H‑2A agrícola, H‑2B no agrícola, Visas TN y programas canadienses), buscando más cupos, más sectores incluidos y mejores condiciones laborales. Es clave crear ventanillas únicas estatales y municipales que organicen la postulación de trabajadores, reduzcan abusos de intermediarios y vinculen a los migrantes con programas de retorno productivo que transformen parte de las remesas en inversión.
Segundo, activar amortiguadores internos de corto plazo: reforzar programas de ingreso mínimo en municipios de alta dependencia, facilitar reestructuras y microcrédito a negocios familiares, y lanzar programas de empleo temporal en infraestructura barrial y obras rurales.
Tercero, impulsar una estrategia productiva de mediano plazo que aproveche el nearshoring para atraer cadenas productivas a estados expulsores y fronterizos, condicionando incentivos a la creación de empleo formal bien remunerado para población con baja escolaridad.
En cuarto punto, es necesario relanzar esquemas tipo «3×1 para migrantes» adaptados al nuevo contexto, orientando recursos de las diásporas a proyectos productivos y capital semilla, junto con un fuerte impulso a educación técnica, certificación de competencias y reconversión laboral en agroindustria, logística, cuidados y servicios especializados.
Sin una política integral en esta dirección, la actual caída de remesas dejará de ser una simple advertencia coyuntural y se convertirá en un factor estructural de estancamiento y desigualdad en México.
*CASO TAMAULIPAS*
En Tamaulipas, la caída de remesas en 2025 es incluso más profunda que la media nacional y erosiona uno de los pilares del ingreso popular.
Mientras el país registra descensos cercanos a 4–5%, el estado muestra reducciones de 4–7%, con mayor impacto per cápita porque las remesas se concentran en hogares de alta vulnerabilidad.
Se estima una baja de entre 80 y 100 millones de dólares respecto a 2024, que afecta a unas 240 mil familias distribuidas en distintos municipios.
Las cifras de Banco de México al tercer trimestre de 2025 reportan 718.4 millones de dólares en remesas, frente a 750.8 millones un año antes, una diferencia de 32.4 millones.
Aunque la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira concentra más de 105 millones hasta septiembre, y municipios como Victoria, Matamoros y Reynosa son líderes en montos recibidos, los más golpeados son los municipios rurales y periurbanos.
En Tula, Mante y localidades de la Huasteca y del centro‑sur, donde las remesas representan entre 40% y 50% del ingreso familiar, ya se observan menos ventas en mercados y pequeños comercios, más endeudamiento informal y mayor presión a nuevas oleadas migratorias.
Esta contracción debilita el tejido económico comunitario y revela la fragilidad de un modelo de desarrollo excesivamente apoyado en el «dólar migrante».
De ahí la urgencia de articular en Tamaulipas políticas activas de empleo, diversificación productiva y acompañamiento a las familias receptoras, para que la crisis de remesas no se traduzca en una espiral de mayor pobreza y exclusión en los pueblos rurales y periurbanos del estado…