Por Agustin Peña Cruz
Tampico, Tamps.- La movilidad urbana y la credibilidad institucional se han convertido en variables críticas para la gobernanza local, el bloque de opinión nocturno de MVS Noticias con Lubin Jiménez Horak abrió un espacio de análisis que, más allá del comentario mediático, exhibió tensiones estructurales entre norma, autoridad y práctica cotidiana en el sur de Tamaulipas.
La mesa inició con el relanzamiento de Radio Tamaulipas y el programa gubernamental “Diálogos con Américo”, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya. Los panelistas coincidieron en que la iniciativa representa un intento serio por reconstruir canales de comunicación institucional y contrarrestar la desinformación que prolifera en redes sociales. No obstante, subrayaron que su eficacia dependerá de ajustes: transmisiones completamente en vivo, apertura a preguntas ciudadanas sin filtro y una ampliación de espacios que consoliden un diálogo genuino entre gobierno y sociedad. Sin estos elementos, advirtieron, el riesgo es que la comunicación se perciba más como narrativa controlada que como ejercicio de rendición de cuentas.
El debate adquirió mayor intensidad al abordar la circulación de tractocamiones en zonas urbanas fuera de los horarios permitidos. Jiménez Horak lanzó una pregunta que resonó como eje del análisis: “¿Quién manda realmente en este tema?”. Erik Huerta Jaramillo (Vista Press Noticias), José Luis García Castillo (Reporte Noreste) y el columnista David Castellanos Terán coincidieron en un diagnóstico inquietante: las empresas transportistas parecen operar por encima del Reglamento de Tránsito estatal y municipal. Esta práctica, señalaron, no solo vulnera la legalidad, sino que expone a la población a riesgos constantes en arterias principales, sin que exista una respuesta efectiva de las autoridades competentes. La omisión sistemática —advirtieron— abre la puerta a la sospecha de tolerancia institucional o, en el peor de los escenarios, complicidad ante tragedias anunciadas.
Tras la pausa comercial, el foco se desplazó al inminente fin del decreto de regularización de los llamados autos chocolate a partir de 2026. Los analistas explicaron que los vehículos con placas extranjeras o amparados por asociaciones como ONAPAFA o UCD dejarán de tener sustento legal para circular, configurando infracciones administrativas y, en ciertos supuestos, posibles delitos que implican la consignación de la unidad y del conductor. En el plano normativo, la obligación de los agentes viales es clara: detenerlos. En el plano real, advirtieron, persiste el temor de que la aplicación discrecional de la ley derive en prácticas de corrupción antes que en un cumplimiento estricto del marco jurídico.
El bloque cerró con una invitación abierta a la audiencia para participar en la próxima emisión, consolidando el espacio como un foro de opinión crítica y constructiva. En un entorno donde la legalidad se pone a prueba en cada cruce vial y en cada micrófono institucional, el programa dejó una conclusión implícita: sin autoridad efectiva y comunicación transparente, la norma se diluye y la ciudad paga el costo.
