Columna Opinión Económica y Financiera.
«ARRANQUE DE AÑO EXIGE POLÍTICAS DISRUPTIVAS PARA CRECIMIENTO»
Dr. Jorge Alfredo Lera Mejía.
Especialista en políticas públicas.
La economía mexicana inicia 2026 con un cuadro de bajo crecimiento, debilidad en el empleo, rezago en inversión y alta vulnerabilidad externa justo antes de la revisión del TMEC, por lo que se requieren respuestas coordinadas de política económica y de Estado para evitar una crisis de estancamiento y pérdida masiva de empleos.
El PIB cerró 2025 prácticamente estancado, con un crecimiento cercano a 0.4% anual, por debajo de lo previsto en la Ley de Ingresos, mientras que el empleo formal mostró uno de sus desempeños más débiles de la última década y el empleo informal absorbió buena parte del ajuste, en un contexto de moderación del consumo interno.
La inversión física del sector público se mantuvo en niveles históricamente bajos, con espacio fiscal limitado y alta concentración de recursos en proyectos específicos, al tiempo que la inversión privada doméstica se estancó y la inversión extranjera directa, aunque en máximos históricos de alrededor de 41 mil millones de dólares, se compuso en más de 70% de reinversión de utilidades y resultó insuficiente para compensar el desplome de la inversión nacional.
En el frente externo, las exportaciones manufactureras mexicanas, en particular del sector automotriz, enfrentan nuevos aranceles estadounidenses a derivados de acero y aluminio fuera de las reglas del TMEC, lo que encarece la cadena de valor y presiona la competitividad de plantas en el norte y el bajío, con riesgo de relocalización de inversiones hacia Estados Unidos.
La inflación logró moderarse respecto a los picos de 2023–2024, pero se mantiene por encima de la meta de 3% del Banco de México, especialmente en bienes intermedios, de capital y algunos alimentos, lo que encarece los costos de producción y reduce el poder adquisitivo, mientras las expectativas de inflación para 2026 se han ajustado ligeramente al alza.
Al mismo tiempo, las finanzas públicas comienzan el año con elevada presión: la Secretaría de Hacienda ha tenido que recurrir a refinanciamientos y emisiones para cubrir requerimientos de deuda interna y externa, particularmente por apoyos extraordinarios a Pemex y por un esquema de pagos diferidos a proveedores en torno a 30 mil millones de pesos, que reflejan la fragilidad financiera de la empresa productiva del Estado y su efecto sobre el espacio fiscal del gobierno federal.
Este contexto interno se vuelve más delicado porque a partir de junio inicia la revisión del TMEC en un entorno político adverso: el gobierno de Donald Trump ha endurecido su discurso contra México, califica el acuerdo como prescindible y amenaza con más aranceles, condicionamientos por inseguridad y presiones para transformar el esquema trilateral en acuerdos bilaterales, lo que abre el riesgo de renegociación asimétrica o incluso de ruptura parcial de disciplinas clave para autos, agro y reglas de origen.
México llega a la mesa de revisión con fortalezas y vulnerabilidades: por un lado, récord de IED asociada a nearshoring y una profunda integración manufacturera norteamericana; por otro, debilidad en el Estado de derecho, rezagos de infraestructura, crisis de seguridad y limitada capacidad fiscal para sostener políticas industriales de largo plazo.
En este escenario, las remesas seguirán siendo un amortiguador parcial del consumo doméstico, aunque enfrentan riesgos de nuevas cargas regulatorias o fiscales en Estados Unidos y ya muestran señales de moderación tras años de crecimientos récord, lo que limita su capacidad de sostener por sí solas el dinamismo de la demanda interna.
Para evitar una crisis mayor de bajo crecimiento y pérdida de empleos, se requiere una estrategia de política económica basada en cinco grandes ejes articulados bajo claras POLÍTICAS DISRUPTIVAS:
Primero, un programa de reactivación de la demanda interna y del empleo que combine: i) estímulos fiscales focalizados de corto plazo (acelerar devolución de IVA y depreciación acelerada para inversión nueva productiva, sobre todo en PYMES industriales y de servicios exportadores), ii) expansión del crédito productivo con garantías públicas, en particular a cadenas de proveeduría automotriz, aeroespacial, agroindustrial y de manufacturas ligeras, y iii) fortalecimiento de programas de empleo temporal y capacitación laboral vinculados a sectores de nearshoring, de forma que la transición productiva se traduzca en nuevos puestos formalizados y no solo en subempleo urbano.
Segundo, una redefinición de la inversión pública que priorice proyectos de alta productividad (logística, puertos, aduanas, energía eléctrica, digitalización) sobre obra de baja rentabilidad social, acompañada de una revisión integral del modelo de negocios de Pemex para reducir gradualmente su carga sobre las finanzas públicas y liberar recursos hacia infraestructura estratégica y transición energética.
El tercer eje debe ser una política industrial y de innovación orientada a elevar el contenido nacional y la complejidad de las exportaciones, con énfasis en: i) cadenas de valor automotrices de nueva generación (vehículos eléctricos, baterías, software automotriz), ii) tecnologías de la información, servicios empresariales y creativos exportables, y iii) agroindustria de alto valor, con instrumentos de cofinanciamiento público‑privado, clusters regionales y parques industriales especializados con estándares ambientales y laborales compatibles con las exigencias del TMEC.
El cuarto eje corresponde a la estrategia diplomática y negociadora frente a la revisión del TMEC: México necesita construir una posición de Estado, no solo de gobierno, que involucre a sector privado, gobiernos estatales, academia y sindicatos, fortaleciendo la coordinación con Canadá para defender el marco trilateral, presentar evidencia del impacto positivo del acuerdo en empleo y seguridad de cadenas de suministro estadounidenses y ofrecer ajustes puntuales en temas sensibles (seguridad fronteriza, inspección laboral, trazabilidad de insumos) antes de aceptar cambios estructurales que fragmenten el mercado norteamericano.
En paralelo, se deben acelerar esfuerzos de diversificación comercial hacia Europa, Asia y Sudamérica para reducir la dependencia de un solo mercado, aprovechando acuerdos existentes y explorando nuevos tratados o modernizaciones que amplíen espacios de exportación para manufacturas y agroalimentos mexicanos.
El quinto eje es la sostenibilidad fiscal y financiera, condición indispensable para dar credibilidad a cualquier agenda de crecimiento. Esto incluye: i) una consolidación fiscal gradual, que contenga el crecimiento del gasto corriente ineficiente y proteja o incremente la inversión pública productiva; ii) un plan creíble de manejo de deuda y de apoyo a Pemex que privilegie la disciplina financiera, alianzas estratégicas y desinversión en proyectos no rentables, en lugar de subsidios permanentes sin condiciones; y iii) la preparación de los elementos técnicos y políticos para una reforma tributaria progresiva a partir de 2027, enfocada en ampliar la base, reducir la evasión y mejorar la recaudación de impuestos patrimoniales y ambientales sin frenar la recuperación de corto plazo.
Si estas líneas de acción se implementan de manera coordinada entre el Ejecutivo, el Congreso, los gobiernos estatales y el sector privado, las proyecciones de organismos internacionales que hoy apuntan a un crecimiento moderado cercano a 1.3% para 2026 podrían escalar hacia un rango de 1.5–1.8% anual, con generación adicional de cientos de miles de empleos formales, menor vulnerabilidad ante choques externos y una mejor posición negociadora en la revisión del TMEC.