Columna Opinión Económica y Migratoria.
«FUTURO DE LAS REMESAS EN MÉXICO Y TAMAULIPAS»
Dr. Jorge A. Lera Mejía.
En 2026 las remesas hacia México seguirán siendo muy altas en perspectiva histórica, pero se moverán en un entorno claramente menos favorable, menor crecimiento, mayor volatilidad, pérdida de poder adquisitivo y nuevos costos asociados a cambios en la política migratoria y fiscal de Estados Unidos.
Tras el ciclo expansivo de la pospandemia, cuando las remesas alcanzaron un récord cercano a 64.7 mil millones de dólares en 2024, en 2025 comenzó una fase de corrección con caídas mensuales consecutivas y una disminución acumulada cercana a 5% anual. A esto se suma el efecto del “superpeso”, que reduce cuántos pesos reciben las familias por cada dólar enviado, aun cuando los montos en dólares se mantienen elevados.
En paralelo, la administración de Donald Trump ha endurecido desde 2025 la política migratoria estadounidense, con más deportaciones, controles más estrictos sobre la migración irregular y restricciones a vías humanitarias y de asilo.
Este giro genera un entorno laboral más incierto para los migrantes mexicanos, presionando a la baja su capacidad de enviar remesas de manera estable en el mediano plazo. La aprobación del “One Big Beautiful Bill Act” añadió un elemento adicional: un impuesto federal de 1% a las remesas enviadas desde Estados Unidos al exterior, vigente desde el 1 de enero de 2026, con impacto especial en países donde estos flujos son fundamentales, como México.
El impuesto se aplica a transferencias en efectivo, giros y cheques de caja, mientras que las operaciones desde cuentas bancarias y tarjetas quedan exentas, lo que incentiva cierta formalización de los envíos, pero no neutraliza el impacto económico global del gravamen sobre los hogares receptores.
Proyecciones fiscales estadounidenses estiman una recaudación de unos 10 mil millones de dólares entre 2026 y 2030; dado que México concentra alrededor del 30% de las remesas originadas en Estados Unidos, las familias mexicanas aportarían una proporción significativa de ese monto.
Estudios para el conjunto de países sugieren que un impuesto de este tipo puede reducir los flujos en torno a 1.6%, lo que afecta con mayor intensidad a economías muy dependientes de estos recursos.
Para 2026, los escenarios de bancos y organismos internacionales convergen en que las remesas se mantendrán cercanas al nivel de 2025, probablemente algo por debajo del máximo de 2024, con tasas de variación bajas y alta sensibilidad a la evolución de la política migratoria y del ciclo económico estadounidense.
Esto incrementa la vulnerabilidad de regiones rurales y estados históricamente dependientes de estos flujos.
De ahí la relevancia de fortalecer el empleo local, abaratar y formalizar los canales de envío, favorecer el uso productivo de las remesas y reforzar la protección social, dado que estos recursos han sido decisivos para reducir la pobreza en México y hoy enfrentan un contexto más restrictivo.
SITUACIÓN EN TAMAULIPAS
En Tamaulipas, el presente y el futuro inmediato de las remesas reproducen, con matices propios, la misma lógica de desaceleración y vulnerabilidad que se observa a nivel nacional. En 2023 el estado recibió alrededor de mil 100 a mil 150 millones de dólares; para 2024 el flujo bajó a 1,017 millones, lo que implicó una caída cercana a 7–8% anual y la pérdida de posiciones en el ranking nacional de captación, pese a que se mantuvo como una de las entidades fronterizas con mayores montos absolutos.
Los datos de Banxico y del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes muestran que entre enero y septiembre de 2025 el envío de remesas hacia el estado se redujo alrededor de 4% respecto al mismo periodo de 2024, al pasar de 750.8 a 718.4 millones de dólares, con repuntes puntuales que no alcanzan a revertir la tendencia de fondo.
La explicación combina factores estructurales y coyunturales: envejecimiento de la diáspora tamaulipeca en Estados Unidos, deportaciones crecientes y retornos forzados, así como un entorno migratorio más restrictivo bajo la administración Trump, que limita la absorción de nueva mano de obra y hace más incierta la permanencia de quienes ya están allá.
A esto se agrega el “superpeso”, que reduce el rendimiento en pesos de cada dólar enviado, y el nuevo impuesto federal de 1% a las remesas desde Estados Unidos vigente desde 2026, lo que encarece el envío y puede inducir una ligera caída adicional o un mayor uso de canales formales para evitar cargos extra.
Hacia 2026, lo esperable para Tamaulipas es un escenario de remesas todavía significativas pero con crecimiento bajo o nulo, alta volatilidad entre trimestres y riesgos concentrados en municipios históricamente receptores como Victoria, Matamoros y Reynosa, donde una parte importante del ingreso de los hogares depende de estos flujos.
Esto obliga a replantear la política estatal y municipal: fortalecer empleo y emprendimiento local en zonas expulsoras, reducir costos y riesgos de envío aprovechando banca y fintech, y articular programas sociales que consideren la posible caída real de las remesas como fuente de ingreso de las familias más vulnerables.
