Por Agustin Peña Cruz
Ciudad Altamira, Tamps.- La noción de bienestar, en la visión de la Secretaría a cargo de Blanca Leticia Guzmán Hinojosa, no se agota en la entrega de apoyos materiales. Incluye también la construcción de un municipio incluyente, capaz de garantizar el acceso efectivo de todas las personas a los servicios públicos.
Cabe mencionar que, en la entrevista con Noticias PC, la titular de la secretaría reconoció la brecha entre la inclusión y la realidad física de los edificios públicos.
Guzmán Hinojosa reconoció que existen “muchas áreas de oportunidad en el municipio en relación a ser un municipio incluyente”.
La falta de infraestructura adecuada para personas con discapacidad contrasta con las obligaciones legales vigentes. La Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008 establece criterios mínimos de seguridad y accesibilidad en los centros de trabajo, incluidos los edificios públicos, mientras que el artículo 1 constitucional obliga a las autoridades a garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos. Aun así, la funcionaria defendió la necesidad de contar primero con información confiable. “No podemos trabajar a ciegas. Necesitamos saber cuántas personas con discapacidad hay para poder atenderles”, explicó, al anunciar el inicio de un censo específico en coordinación con el CRI Altamira.
El padrón, sostuvo, no sustituye la obligación de adecuar los espacios físicos, sino que permite planear políticas públicas efectivas. “El padrón no sirve para contar por contar, sirve para poder crearles algún taller, algún curso o la atención que se requiera”, afirmó. Paralelamente, dijo, ya se han iniciado conversaciones para atender los rezagos estructurales en los edificios públicos. “Lo hemos comentado estos días que he estado acá, hemos comentado ese tema”, reconoció al referirse a la accesibilidad.
El reto implica armonizar mandatos constitucionales, normas oficiales y expectativas ciudadanas en un contexto político complejo. El éxito de este esfuerzo, como sugiere la propia lógica institucional, no se medirá en discursos, sino en la capacidad real del municipio para garantizar derechos, abrir sus puertas a todos y comunicar con claridad lo que hace y por qué lo hace.
