Por Agustín Peña Cruz
Ciudad Madero, Tamps.- La decisión del alcalde Erasmo González Robledo de remover a la cúpula de Comunicación Social de su administración no fue un ajuste menor ni un simple relevo administrativo. Fue, en los hechos, una ruptura política con un esquema de control informativo que durante meses operó bajo la lógica del favoritismo, la opacidad y el desprecio sistemático hacia el periodismo crítico.
La salida de Lorenzo Martínez Rubio, director general de Comunicación Social, y de Deanise Adriana Rueda Hernández, directora de Atención a Medios —y suplente de la síndica primera— ocurre tras una acumulación de señales de alarma: trato preferencial a replicadores de transmisiones en vivo, exclusión deliberada de periodistas de investigación y una administración discrecional de la publicidad oficial, en abierta contradicción con los principios de legalidad, equidad y disciplina financiera que rigen el gasto público.
Versiones extraoficiales apuntan a que la Auditoría Superior del Estado (ASE) habría detectado irregularidades en la asignación de contratos de comunicación social, presuntamente vinculadas a relaciones familiares y de compadrazgo, así como la inexistencia de mecanismos normativos claros para regular la publicidad gubernamental. De confirmarse, el caso no sería un desliz administrativo, sino un patrón estructural de captura institucional.
A este contexto se suman hechos documentados. Noticias PC giró oficios formales al presidente municipal y al secretario del Ayuntamiento solicitando, al no tener éxito, la distribución equitativa de comunicados y agendas públicas. Pese a reiteradas peticiones, la Dirección de Comunicación Social incurrió en omisiones sistemáticas. La tensión escaló cuando, el miércoles 13 de enero, el alcalde instruyó de manera directa el envío de información oficial al medio; la orden fue ignorada. Dos días después, un nuevo oficio dejó constancia escrita de la exigencia de cumplir con la obligación mínima de transparencia informativa.
La pregunta que quedó flotando —y que fue planteada abiertamente al secretario del Ayuntamiento, Héctor Marín Rodríguez— ¿cómo un funcionario de nivel inferior podía desobedecer instrucciones directas del alcalde sin consecuencias inmediatas? La respuesta, implícita, apuntaba a un poder informal enquistado en la estructura municipal.
Las investigaciones internas abiertas contra Martínez Rubio profundizaron la grieta. Además de su doble condición como empleado municipal y funcionario estatal en la Secretaría de Salud —sin que se hiciera público el formato de compatibilidad de horarios—, surge como un evidente conflicto de interés: el vínculo directo con el medio digital “La Prensa Hoy”, dirigido por su hijo Obed Martínez Purata y señalado por fuentes gubernamentales como uno de los principales beneficiarios de recursos publicitarios durante su gestión.
El desenlace llegó esta semana. Francisco Alemán Lara y Emma Flor Torres Cantú asumieron de manera provisional las funciones del área, confirmando de facto el relevo. Más allá de los nombres, el mensaje político refleja que: la cercanía personal no puede imponerse sobre la legalidad, la transparencia ni el respeto irrestricto a la dignidad de la prensa.
La decisión del alcalde González Robledo no borra las prácticas del pasado, pero sí marca un punto de inflexión. Por consiguiente donde la publicidad oficial ha sido históricamente utilizada como herramienta de control narrativo, la sacudida en Comunicación Social abre una interrogante mayor: si se trata de un acto aislado de contención de daños o del inicio de una revisión profunda sobre cómo se comunica —y se gobierna— desde el poder municipal.
REMEMBRANA NECESARIA
Hace nueve meses, Noticias PC documentó un hecho que hoy cobra nueva relevancia: la censura en una conferencia municipal durante el Día del Comunicador, cuando preguntas incómodas fueron silenciadas en transmisiones oficiales. Entonces, como ahora, el nombre de Lorenzo Martínez Rubio apareció como operador clave de una estrategia orientada a moldear el discurso público.
La diferencia es que hoy, por primera vez, esa lógica parece haber encontrado un límite político. En Ciudad Madero, la crisis de Comunicación Social no sólo expuso malas prácticas; puso sobre la mesa una discusión más amplia sobre democracia, rendición de cuentas y el lugar que ocupa la prensa en el ejercicio real del poder.
