Por Agustin Peña Cruz
Aún no se ingresa al punto más álgido del calendario electoral rumbo a 2027, cuando Tamaulipas renovará diputaciones federales y locales, además de las 43 alcaldías del estado. Sin embargo, la disputa política ya se perfila con claridad. Más del 50 por ciento de los presidentes municipales tendrá la posibilidad de reelegirse, lo que convertiría a este proceso en la última ventana para la continuidad consecutiva en el ámbito municipal, particularmente en distritos estratégicos.
En la frontera norte, Reynosa, Matamoros y Valle Hermoso concentran una competencia especialmente intensa por el peso de su dinamismo económico y su relevancia geopolítica. En el sur, Tampico y Ciudad Madero mantienen su valor político y simbólico, mientras que Altamira —con el mayor presupuesto de los tres municipios de la zona sur— se coloca como un enclave decisivo donde la reelección no solo es posible, sino tentadora para quienes hoy ejercen el poder y buscan prolongarlo bajo el argumento de la continuidad administrativa.
DEMAGOGÍA
Es en este punto donde surge con fuerza la demagogia política, particularmente aquella ligada a la construcción de la imagen pública. Morena enfrenta el reto de fortalecer su estructura interna y, sobre todo, de articular consensos reales que eviten fracturas entre seccionales, liderazgos intermedios y una base militante que aún conserva la expectativa de ser escuchada. El riesgo no es: una ruptura interna podría “motear” el mapa político de Tamaulipas y abrir la puerta a la pérdida del poder no por la fuerza de la oposición, sino por las disputas intestinas del propio movimiento guinda.
En el Partido Acción Nacional (PAN), el escenario no es más alentador. Persisten pugnas por el control y la supervivencia política de personajes que no han logrado capitalizar victorias electorales recientes. El grupo vinculado a Francisco Javier García Cabeza de Vaca y a César Augusto Verástegui Ostos proyecta esa tensión: mientras unos apuestan por la unidad y la reconstrucción, otros buscan reconocimiento y favoritismo, aun a costa de erosionar los ya debilitados estatutos partidistas. El PAN, que alguna vez se presentó como una fuerza conservadora sustentada en el consenso, hoy aparece ante la ciudadanía como un partido en repliegue, marcado por los incumplimientos de gobiernos pasados y por la ausencia de un proyecto creíble de futuro.
A nivel municipal, el reto es igualmente estructural. Muchos ayuntamientos deben redefinir sus esquemas de gobierno, como ya ocurre en algunos municipios del sur del estado, para fortalecer el servicio público y alinearlo con los principios que dicen representar. La máxima es conocida: si una orden es correcta y no se ejecuta, la falla no es del general, sino del regimiento. Sun Tzu lo advirtió hace siglos en “El arte de la guerra”: no siempre se vence en un campo de batalla abierto; en política moderna, el verdadero triunfo radica en el convencimiento ciudadano, la atención eficiente y el cumplimiento estricto del marco normativo.
Cuando estos elementos fallan, se reincide en la demagogia más añeja: promesas sin resultados, discursos vacíos y una narrativa que critica al pasado mientras reproduce sus mismas prácticas. No basta condenar a los gobiernos anteriores —particularmente a los emanados del partido tricolor— si muchos de quienes hoy se cobijan bajo el manto de Morena fueron parte activa de ese pasado. El cambio de siglas no purifica trayectorias ni erradica vicios. El problema se agrava cuando la opacidad, el compadrazgo y los compromisos familiares se normalizan, incluso en cargos estratégicos, sin que se traduzcan en resultados palpables. Esa es, quizá, la fractura más profunda en la percepción ciudadana.
DEMOCRACIA
¿Existe hoy la democracia en plenitud? ¿Hasta dónde puede expresarse el ciudadano con libertad sin ser descalificado o estigmatizado? Las preguntas no son retóricas. La historia mexicana arrastra una larga tradición de simulación democrática, desde la concentración corporativa del voto durante décadas hasta la represión de movimientos obreros como Cananea y Río Blanco, sin olvidar la tardía conquista del sufragio femenino.
México vive hoy un hecho inédito: tiene a la primera presidenta mujer, además la más votada en la historia. Sin embargo, el mandato se desarrolla en un contexto complejo, marcado por la presión de Estados Unidos en materia de seguridad y por la exigencia interna de reducir los índices de criminalidad sin vulnerar la soberanía nacional. Paralelamente, persiste una contradicción de fondo: las expectativas de cambio contrastan con una realidad donde la carga económica y social sigue recayendo con mayor peso sobre quienes menos tienen, mientras las grandes decisiones continúan envueltas en discrecionalidad.
La democracia no puede reducirse a la aceptación acrítica de las narrativas institucionales. No se mide por reformas legales aisladas —ya sea en telecomunicaciones o seguridad pública— sino por resultados verificables. La experiencia reciente es elocuente: ni con Vicente Fox, ni con Felipe Calderón, ni con la llamada “reivindicación” priista de Enrique Peña Nieto, ni con Andrés Manuel López Obrador, ni ahora con Claudia Sheinbaum, se ha logrado una ruptura clara con el modelo de poder hegemónico que dominó durante más de ocho décadas.
¿Cómo medir, entonces, la democracia, si cada derrota electoral se explica bajo el argumento del fraude o de los actos anticipados de campaña? Ese libreto, históricamente utilizado por el PRI, fue aprendido por el PAN y hoy es replicado por Morena. Persistir en esa lógica conduce al cinismo partidista. El problema no radica exclusivamente en las instituciones, sino en quienes las dirigen, en quienes gobiernan y en a quiénes deciden proteger.
El asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta marcó un punto de inflexión en la política mexicana. A partir de Lomas Taurinas, la democracia quedó herida por una crisis de legitimidad que se sumó a las decisiones económicas del salinismo, como la eliminación de tres ceros a la moneda en 1993. De no haberse realizado, hoy hablaríamos de un tipo de cambio de más de 17 mil pesos por dólar. Países de Sudamérica que no realizaron ese ajuste viven aún las consecuencias. Sin embargo, la memoria histórica es frágil y suele ser sustituida por la percepción de que “antes estábamos peor” sin un análisis riguroso del presente.
Votar no agota la democracia. Mientras los mecanismos de control del sufragio no sean plenamente confiables y tecnológicamente robustos, la duda seguirá siendo un componente estructural del sistema.
SEGURIDAD PÚBLICA
Las propuestas en curso en materia de seguridad —como el registro de teléfonos celulares para combatir la extorsión, la biometría asociada a la Clave Única de Registro de Población (CURP), o la integración de cámaras privadas al C5— se presentan como soluciones técnicas a problemas reales. Bien aplicadas, podrían inhibir delitos del fuero común y de alto impacto, además de facilitar la localización de personas desaparecidas.
No obstante, también abren la puerta a un escenario más inquietante: el de una vigilancia globalizada del Estado, capaz no solo de combatir el delito, sino de monitorear opositores, intervenir comunicaciones privadas y generar un clima de miedo funcional al control social. La criminología y la teoría del caos han advertido sobre estos riesgos. Michel Foucault lo expuso con claridad en Vigilar y castigar: el poder moderno no se impone únicamente por la fuerza, sino por la internalización de la vigilancia.
En 2026, esa reflexión resulta más vigente que nunca. La tecnología ha amplificado la capacidad de control del Estado como ningún otro instrumento en la historia. Todo dependerá de su aplicación ética y del respeto irrestricto a los derechos fundamentales. De lo contrario, la seguridad pública podría convertirse en un mecanismo de adoctrinamiento y sometimiento, más que en una garantía de convivencia y libertad.
Por tanto, la demagogia, la democracia y la seguridad pública convergen en un mismo dilema: el ejercicio del poder sin contrapesos reales. La pregunta ya no es si las herramientas existen, sino quién las controla, con qué límites y para beneficio de quién. Esa es, quizá, la discusión más urgente de nuestro tiempo.
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* El Autor es Master en Ciencias Administrativas con especialidad en relaciones industriales, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Seguridad Pública, Periodista investigador independiente y catedrático.
