Por Agustin Peña Cruz
González, Tamps.- El envenenamiento de dos perros en situación de calle, ocurrido en una zona habitacional del municipio de González, abrió un flanco que trasciende el ámbito local y coloca bajo escrutinio la eficacia real de las leyes de protección animal en Tamaulipas. El propio alcalde, Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, hizo público el hecho desde sus redes sociales, no en su calidad de autoridad, sino —como él mismo subrayó— “no como su Presidente Municipal, sino como el vecino, como el médico y, sobre todo, como ser humano”.
En su publicación, acompañada por la imagen de los dos animales sin vida, el edil relató que las víctimas fueron envenenadas con pan dejado deliberadamente en la vía pública y en el pórtico de su domicilio, lo que encendió una alarma adicional: “me preocupa además, porque tengo dos hijas pequeñas, una de ellas que todavía juega gateando y levanta cosas del piso como cualquier niña pequeña”. La advertencia no es menor: el acto no solo cobró la vida de dos “seres sintientes”, sino que expuso a un riesgo directo a menores de edad, un elemento que agrava el hecho desde cualquier lectura jurídica y social.
Zúñiga Rodríguez fue enfático al rechazar cualquier justificación: “matar no es, ni será nunca, la solución a un conflicto”, escribió, al tiempo que cuestionó la normalización de la violencia alentada desde la polarización en redes sociales. Para el alcalde, el episodio evidencia cómo “la intolerancia y el enojo en redes sociales pueden trascender a la realidad de la forma más cruel”, dejando secuelas que alcanzan a toda la comunidad. Su mensaje cerró con un compromiso institucional: antes de concluir la administración municipal, su gobierno buscará dejar en funcionamiento un refugio para animales en situación de calle.
El caso adquiere una dimensión más amplia al contrastarse con el posicionamiento reciente de la diputada local Cynthia Jaime Castillo, quien ha insistido en que México ha superado una visión patrimonialista de los animales. “El término de perrera ha desaparecido precisamente con la lucha y con el cambio que se le ha dado al sentido del trato a los seres sintientes”, ha señalado, recordando que durante décadas “los animales eran considerados un bien, una propiedad… ya no es un mueble; hoy en día están catalogados como seres sintientes”.
Sin embargo, los hechos en González revelan una brecha inquietante entre el discurso normativo y su aplicación efectiva. El envenenamiento de animales ya se encuentra tipificado como conducta penal en Tamaulipas, pero la reiteración de estos actos plantea si la ley opera como un verdadero mecanismo de disuasión o permanece, en la práctica, como una letra muerta. En ese contexto, la diputada anunció que prepara una iniciativa para reformar la Ley de Educación, con el objetivo de sembrar desde la infancia una cultura de respeto hacia los animales: “voy a solicitar una modificación a la ley de educación para que dentro del plan de estudio se les dé a los niños la importancia de conectar y de respetar a los seres sintientes”.
Jaime Castillo también advirtió que la persistencia de animales en situación de calle no puede reducirse al abandono individual, sino que constituye un problema de salud pública. “Vemos muchos perritos todavía en la calle… sí, en su momento tuvieron dueños”, afirmó, subrayando la necesidad de políticas estructurales basadas en la esterilización, el fortalecimiento de clínicas veterinarias municipales y programas permanentes con presupuesto propio.
Entre la indignación ciudadana expresada por el alcalde y la agenda legislativa planteada por la diputada, el caso del municipio de González deja el planteamiento incómodo: si el marco legal ya existe, ¿por qué el veneno sigue siendo un recurso impune? La respuesta, más allá de la retórica, pasa ahora por el endurecimiento de las investigaciones penales y por demostrar que la protección de los seres sintientes no es solo una consigna, sino una obligación exigible del Estado y de la sociedad.