Por Agustin Peña Cruz
Ciudad Madero, Tamps.- La negativa de un bloque plural del Cabildo de Ciudad Madero a autorizar un esquema de endeudamiento para cubrir un laudo laboral superior a los 51 millones de pesos abrió una grieta incómoda entre la urgencia jurídica y la cautela administrativa. En el centro de esa decisión está la regidora Leticia Vargas Álvarez, quien justificó su voto en contra no como un acto de oposición política, sino como una postura anclada —afirma— en la estricta observancia de la ley y en la responsabilidad personal que implica comprometer recursos públicos sin información suficiente.
“No fue tanto un revés, simplemente nos alineamos a la ley”, sostuvo Vargas Álvarez al explicar su postura tras la sesión de Cabildo. La funcionaria fue enfática: el Ayuntamiento no proporcionó documentación clara sobre el origen de los recursos, el mecanismo de pago ni el destino final del dinero. “No podíamos hacer una votación a la ligera… no se nos dio la información precisa ni concreta, ni siquiera la explicación contundente de cómo se iba a llevar a cabo”, señaló.
El argumento central de la regidora apunta a un riesgo que va más allá de la aritmética financiera: la posible responsabilidad penal o administrativa de los ediles que aprueben un endeudamiento sin bases jurídicas sólidas. “No podíamos levantar la mano a la ligera y comprometer el presupuesto del municipio”, advirtió, al subrayar que los regidores también están sujetos a sanciones si avalan decisiones que vulneren la normatividad.
La discusión ocurre bajo una presión ineludible. El adeudo laboral, originado en incumplimientos al contrato colectivo desde 2009, fue judicializado en 2012 y culminó en un laudo firme emitido en 2021, cuya ejecución definitiva fue ordenada por un juez federal. No hay margen de negociación política: la deuda debe pagarse. “Una vez dado un laudo, los derechos por cuestiones laborales son irrenunciables”, recordó —ayer— el secretario del Ayuntamiento, Héctor Marín Page.
La administración municipal propuso un esquema de pago diferido para evitar un desembolso inmediato que, según el propio secretario, podría derivar en el embargo de cuentas públicas y paralizar la obra pública. El plan contemplaba un primer pago de tres millones de pesos y 96 mensualidades de poco más de 500 mil pesos, extendiendo la obligación hasta por ocho años. La intención, dijo Marín Page, era “hacer más amigable el pago” y proteger proyectos estratégicos, incluidos recursos de alrededor de 220 millones de pesos destinados a infraestructura.
Sin embargo, para Vargas Álvarez el problema no es la voluntad de cumplir con la sentencia, sino la forma. “No estamos en contra de que este laudo se pague, pero sí necesitamos estar conscientes… saber de qué manera o de qué recurso se va a absorber este dinero”, explicó. La regidora cuestionó, además, un punto clave que nunca fue aclarado en la mesa: si los recursos llegarían directamente a los trabajadores o serían depositados en una cuenta sindical. “No es el sindicato, son los trabajadores… tenemos que asegurar que el pago llegue directamente a ellos”, subrayó.
La regidora también dejó abierta la puerta a otras salidas institucionales que no comprometan, de manera inmediata y poco clara, el presupuesto municipal. Entre ellas, planteó la posibilidad de gestionar apoyos o esquemas extraordinarios ante el Congreso del Estado. “Hay muchas maneras de poder llegar a un acuerdo”, afirmó, recordando que administraciones pasadas lograron negociar sin recurrir a fórmulas que hoy generan dudas.
El rechazo del Cabildo —que incluyó votos en contra de regidores de Morena, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, además de una abstención— detuvo el primer paso administrativo necesario para llevar el acuerdo al Congreso local, instancia que también debe autorizar cualquier compromiso de recursos de ejercicios fiscales futuros. Marín Page insistió en que el Cabildo no vota si se paga o no la deuda, pues eso ya lo ordenó un tribunal, sino el mecanismo para hacerlo. “No es cuestión de si autorizan un pago o no… es hacer más amigable el pago”, reiteró, al reconocer posibles fallas de comunicación con algunos ediles.
Mientras el debate continúa, el calendario judicial no se detiene. El próximo 6 de abril está programada una audiencia conciliatoria en Ciudad Victoria. Si el Ayuntamiento llega sin un esquema aprobado, el tribunal podría avanzar hacia medidas de ejecución forzosa, incluido el embargo de cuentas. El trasfondo es tan jurídico como político: una deuda que se gestó y creció a lo largo de varias administraciones —de Sergio Arturo Posadas Lara a Adrián Oseguera Kernion— y que hoy coloca al gobierno municipal frente a una disyuntiva compleja.
En ese escenario, el voto de Leticia Vargas Álvarez resume una tensión clásica de la administración pública: cumplir la ley sin hipotecar el futuro financiero ni asumir responsabilidades personales por decisiones mal sustentadas. “Nosotros también como regidores no podemos comprometer el presupuesto del municipio porque estaríamos infringiendo un delito”, concluyó.
