Se busca prevenir prácticas ruinosas.
Ciudad de México. – La senadora Olga Patricia Sosa Ruíz, presidenta de la Comisión de Agricultura e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 5 y se incorpora el artículo 32 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con el objetivo de impulsar mejores prácticas para el campo mexicano, encaminadas hacia el bienestar social y desarrollo sostenible.
La senadora argumentó que el campo mexicano atraviesa una crisis derivada de la venta de productos agroalimentarios a precios que no cubren los costos de producción, situación en la que la cadena de comercialización, dominada por grandes compradores, obliga al productor primario a sacrificar su economía.
Destacó que “no estamos frente a un problema de productividad individual ni de falta de trabajo, sino ante profundas asimetrías en la cadena de comercialización”, señalando que, aunque la fortaleza del campo mexicano existe, se debilita ante las pérdidas constantes, lo que ha generado desilusión y ha provocado que las nuevas generaciones no estén dispuestas a continuar en un sector donde el esfuerzo no se ve recompensado.
Señaló que, el respaldo del Estado previsto en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, “compensan la pérdida, pero no corrigen las causas estructurales que la generan”. Añadió que los subsidios públicos no alcanzan para prevenir el daño, por lo que es necesario transitar de un modelo reactivo a uno preventivo.
La senadora Sosa Ruíz explicó que la iniciativa contempla, en primer término, incorporar el principio de viabilidad económica de las actividades agropecuarias mediante la prevención de prácticas que colocan los precios por debajo de los costos de producción; y, en segundo lugar, adicionar un artículo que defina de manera expresa las prácticas ruinosas de comercialización.
Entre dichas prácticas, destacó “la imposición de precios por debajo de los costos de producción, el traslado desproporcionado de riesgos y la imposición de condiciones contractuales abusivas”.
Aclaró que la iniciativa no fija precios ni crea subsidios que afecten la libre competencia, ya que respeta la dinámica de oferta y demanda, pero establece límites para evitar distorsiones que hoy generan pérdida y endeudamiento sistemático entre las campesinas y los campesinos mexicanos.
La reforma tiene el propósito de combatir las prácticas ruinosas y proteger al productor primario, transformando al sistema agroalimentario en su conjunto, permitiendo consolidar procesos más estables y seguros de reinversión productiva a lo largo de toda la cadena.
La senadora agregó que, para continuar con la transformación del país, en congruencia con la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el segundo piso de la Cuarta Transformación, es indispensable garantizar un trato justo a uno de los sectores estratégicos más importantes del país: el campo mexicano.
Finalmente, la senadora concluyó señalando que “fortalecer al productor rural es fortalecer a México”. La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Desarrollo Rural y Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores.
