Por Agustín Peña Cruz
Las encuestas no gobiernan, pero sí revelan estados de ánimo colectivos. En un país donde la confianza en las instituciones locales suele ser frágil y volátil, los ejercicios demoscópicos funcionan como termómetros del vínculo entre autoridad y ciudadanía. En ese marco, los recientes rankings nacionales de aprobación de alcaldes —elaborados por firmas distintas y con metodologías diferenciadas— colocan al alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, de manera consistente en posiciones destacadas, tanto en listados nacionales como en comparativos estatales.
Los datos son claros en lo cuantitativo: en mediciones telefónicas levantadas entre finales de 2025 y febrero de 2026, Altamira aparece dentro del top 10 nacional de aprobación, con porcentajes que oscilan alrededor del 70%, superando la media nacional y colocándose como el municipio mejor evaluado de Tamaulipas. En otros ejercicios más amplios —como los que revisan hasta 100 alcaldes—, el edil se mantiene en rangos de aprobación catalogados como “buenos”, con cifras superiores al 60%. La coincidencia entre encuestadoras no es un dato menor: reduce la posibilidad de que se trate de un fenómeno aislado o metodológicamente inducido.
Ahora bien, la lectura política exige ir más allá del número. La narrativa que acompaña a estos resultados apunta a un estilo de gobierno basado en la presencia territorial, un enfoque que prioriza la supervisión directa de obras, el contacto con colonias y ejidos, y una agenda pública menos centrada en la gestión de escritorio. Desde su primera administración (2021–2024) y en lo que va del segundo periodo (2024–2027), Martínez Manríquez ha sostenido ese discurso operativo, que parece encontrar eco en una parte significativa del electorado local.
Sin embargo, la aprobación no cancela la crítica. En redes sociales y espacios digitales persisten señalamientos relacionados con problemas estructurales en la red de drenaje y daños en fraccionamientos con más de una década —e incluso dos— de antigüedad. Estos reclamos, más allá de su viralización, remiten a rezagos históricos: infraestructura construida sin la debida supervisión, mantenimiento diferido por administraciones pasadas y una expansión urbana que no siempre fue acompañada por planeación hidrosanitaria adecuada. El reto político no está en negar esos problemas, sino en explicar —con datos y plazos— qué corresponde a la herencia institucional y qué a la responsabilidad del gobierno en turno.
En ese contexto, la actitud del alcalde frente al cuestionamiento público también forma parte de la ecuación. La apertura al escrutinio, la respuesta directa y la exposición pública de decisiones han sido elementos que algunos sectores valoran como señales de cercanía y rendición de cuentas. Otros, en cambio, consideran que la magnitud territorial de Altamira y la complejidad de sus servicios públicos exigen soluciones estructurales a largo plazo, difíciles de materializar en uno o incluso dos períodos municipales.
Desde una óptica sociopolítica, lo que reflejan las encuestas no es una gestión exenta de tensiones, sino un balance favorable entre expectativas ciudadanas y resultados visibles, especialmente en obra pública y presencia gubernamental. La aprobación parece anclarse menos en promesas abstractas y más en percepciones concretas: calles intervenidas, programas en marcha y una autoridad identificable en el territorio.
Por tanto, el caso de Altamira ilustra una constante de la política local contemporánea: la ciudadanía evalúa con criterios pragmáticos y comparativos. Frente a un entorno donde los rezagos son profundos y los recursos limitados, la aprobación no equivale a unanimidad, sino a una valoración relativa del desempeño. Hoy, los números colocan a Armando Martínez Manríquez entre los alcaldes mejor evaluados del país y como referencia en Tamaulipas. Mañana, como ocurre siempre en democracia, ese respaldo seguirá condicionado a la capacidad de convertir presencia territorial en soluciones sostenibles.
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* El Autor es Master en Ciencias Administrativas con especialidad en relaciones industriales, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Seguridad Pública, Periodista investigador independiente y catedrático.
